Diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas, acusaron al Estado mexicano de simular el cumplimiento de diversas recomendaciones que desde hace más de un año emitió el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, expresaron su enorme preocupación por el hecho de que las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en situación de impunidad.

En el informe alternativo entregado al comité, las organizaciones no gubernamentales presentan hechos y argumentos por los cuales afirman que ninguna de las tres recomendaciones prioritarias planteadas desde febrero de 2015 ha sido cumplidas por el país.

Las recomendaciones del CED abordan la necesidad de que el Estado mexicano establezca un registro único de personas desaparecidas, un mecanismo trasnacional de búsqueda y acceso a la justicia, y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la identificación y entrega digna de los restos.

En febrero de este año el gobierno mexicano presentó su respuesta sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones, las cuales son rebatidas por las organizaciones civiles, que denuncian simulación.

Así por ejemplo, las organizaciones señalaron que si bien saludan la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la apertura mostrada por su titular, advierten su preocupación por la falta de recursos y personal, y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada, bajo el argumento de que debe indagarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Asimismo, advierten otras preocupaciones, como la excesiva burocracia en la que han caído la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Estas críticas se suman a las expresadas con anterioridad por otras organizaciones, que han señalado que los funcionarios de ambos organismos se han convertido en burócratas de los derechos humanos.

Otro de los puntos preocupantes, se señala, es la dilación en la implementación de la base de datos ante mortem/post mortem y la falta de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas, situación que ha obligado a las organizaciones de familiares a iniciar búsquedas por sus propios medios en al menos siete entidades del país, bajo graves riesgos de su vida e integridad física.

Uno más de estos puntos es la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal en materia de desaparición, la cual es deficiente para garantizar la búsqueda e investigación, y no responde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El informe fue elaborado por una decena de reconocidas organizaciones, entre las que se encuentran los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Fray Juan de Larios y de las Mujeres, así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Fundar, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Análisis e Investigación, e Idheas.

Todas estas organizaciones confían en que el escrutinio internacional sea una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado. Instaron al gobierno a mostrar voluntad política, implementando las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el mismo Comité contra la Desaparición Forzada.