o sólo son tres los reformadores de última hora, pero, ciertamente, estos tres aceleran la descomposición del ambiente nacional hasta el punto de no retorno. Al priísmo y sus posibilidades de recuperación electoral le han clavado sendas estacas en pleno corpus partidario. Y allí las traen atravesadas aunque sus mandos de hasta arriba aparenten indiferente lejanía. Aunque las heridas y los dolores son ciertos y los daños también, no hay remedios, sólo airados reclamos opositores o palabras propias a la deriva. Los Pinos es el punto de confluencia señalado por la canalla, por la inteligencia, por los columneros, por analistas de prensa y radio, la oposición partidista, aun por el soberbio y lejano empresariado y los propios militantes, como el sitial de la inconmovible muralla de impunidad levantada en favor de estos tres adalides. Y la usan con singular desparpajo. Los Duarte de Chihuahua y Veracruz junto con el tal Borge de Quintana Roo ocupan ya un promontorio en la triste historia de las tropelías inverosímiles.
Todas las propuestas de adecuaciones a las prácticas y leyes bien podrían, en otros tiempos y circunstancias, ser apoyadas por la ciudadanía. Pero es intolerable que todo ello se haga al final de periodos por demás plagados de irregularidades y delitos conocidos. Una fiscalía independiente del Ejecutivo especializada en delitos patrimoniales es una exigencia de añejo reclamo social. Tribunales para impartir justicia con magistrados de larga duración en los cargos se ha deseado desde hace mucho. Proponer a personajes marcados por la complicidad con los respectivos mandantes es tergiversar todo el proceso. Forzar a sumisos legisladores a proceder a una enredada aprobación, al final de los respectivos periodos es improcedente y podrá, sin duda, apelarse ante diversos tribunales. Han pasado seis largos años aprovechándose de inexistentes normas y reglamentos o laxas costumbres. Ahora deciden, en concordato y con rampante cinismo, proteger su marcha con privilegios y trafiques torpes. Tratar de imponer a sus remplazos cadenas y maniatar sus decisiones son maniobras propias de bandoleros en huida. Nada de lo que logren pasar por sus congresos, junto a los nombramientos respectivos, debe permanecer intocado.
El caso de Veracruz es, bien puede decirse, paradigmático. El tal Duarte está ciertamente tocado de la cabeza y embrollado del estómago. Sus desplantes rebelan la discordia interna de su humanidad. La deuda pública que hereda, incluyendo proveedores (62 mmdp) es un monumento a la irresponsabilidad. El pasivo contingente de pensiones que acarrea el estado es de similar tamaño. Bien puede afirmarse que Veracruz es, hoy por hoy, un estado por completo inviable y, para colmo, parte de una república también asediada por deudas voluminosas y en crecimiento desbocado. Con independencia del manto protector presidencial del que ha abusado tan grotesco personaje, el SAT tiene evidencias tangibles de los latrocinios de miles de millones que esa administración duartista llevó a cabo. La investigación y sus consecuencias derivadas no se podrán detener ni con un fiscal anticorrupción a modo. Similar situación, aunque en menor escala, pretenden heredar los otros dos tramposos colegas. En forzado olvido, han ido quedando otros casos, como los de Tamaulipas y sus gobernadores narcos; Nuevo León con su pareja (hijo y padre) cercana al calor de un presidente deportista (golf) y, el de mayor exposición tanto mediática (USA y España) con sus falsificaciones documentadas y los descomunales montos trasegados sin castigo que Moreira indujo y apechugó en el norteño estado de Coahuila.
La profundidad de las heridas infligidas a la indignación colectiva por estos destacados políticos priístas (arriba mencionados) ha tocado el mismo hueso estructural de la nación. Ahí han quedado supurando ante la pretendida inacción federal y las complicidades de variada especie y catadura. El efecto consiguiente seguirá horadando prestigios y cerrando simpatías electorales. Bien puede afirmarse que, a esta altura, el PRI ha cerrado puertas a su continuidad como el partido de mayorías que alguna vez pudo haber sido. Lo siguiente es una escalera descendente de desprestigio y rechazo garantizado.
Los males no vienen solos por estos días de conflictos desparramados por todo el país. La trabazón entre el gobierno federal y la CNTE, por la mal llamada reforma educativa, ha crecido hasta mutar en incipiente rebelión popular. Haber enviado matarifes para acabar con el bloqueo carretero en Nochixtlán fue un error de proporciones criminales que no puede sepultarse con triquiñuelas propagandísticas. Con la legitimidad gubernamental ya bien mermada es urgente que se llegue a acuerdos y se cierre la posibilidad de indebidos y peligrosos escalamientos. Rescatar el mando (SEP) educativo, perdido en décadas de manoseos bien conocidos, debe consolidarse. Intentar someter a los sindicatos magisteriales al deseo autoritario de la burocracia federal usando instrumentos recomendados (OCDE) ya fracasó. La ley aprobada tiene que abrirse a adecuaciones que permitan la negociación pacífica y la participación creativa del magisterio. Una vez encauzado el proceso habrá que embarcarse en la necesaria reforma educativa, reparando, a cabalidad, la infraestructura tan deteriorada que se tiene.
