Tras denunciar, sólo 3% lograron un auto de libertad
Lunes 4 de julio de 2016, p. 11
Los juzgados y tribunales federales del país han recibido entre enero de 2012 y diciembre de 2015 al menos 2 mil 750 declaraciones preparatorias de mujeres detenidas por presuntos vínculos con algún grupo criminal dedicado al secuestro, tráfico de drogas, trata de personas o tráfico de órganos, pero que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual y maltratos sicológicos o físicos por parte de los policías o militares que las aprehendieron. Sin embargo, sólo 3 por ciento de esos casos resultaron con un auto de libertad a su favor.
Según estadísticas recabadas por los tribunales federales y de acuerdo con funcionarios del Poder Judicial Federal entrevistados por La Jornada, en la mayoría de los casos no quedó demostrado el abuso sexual o los tratos de tortura, ya que además de la denuncia de las mujeres detenidas se requieren dictámenes de sicólogos avalados por la Procuraduría General de la República para acreditar los abusos.
Las fuentes judiciales consultadas indicaron que en buena parte de los casos los abogados de las mujeres alegan tortura como estrategia de defensa para obtener el sobreseimiento de las causas penales o la cancelación de las sentencias condenatorias, y sólo en muy pocos casos se demuestran los abusos sexuales.
En su edición del pasado martes, este diario publicó parte de las conclusiones del informe Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por Amnistía Internacional (AI), en el cual se revelan y analizan las historias de 100 reclusas en prisiones federales que denunciaron tortura y otras formas de violencia durante su arresto e interrogatorio a manos de los cuerpos de seguridad.
De estas 100 mujeres, todas afirmaron haber sufrido acoso sexual o maltrato sicológico. En arrestos practicados por las policías municipal, estatal y federal o por las fuerzas armadas, se denunció violación en más de la mitad de los casos. Pero el índice más alto se registró en la Marina, donde en ocho de cada 10 arrestos documentados en dicho informe las mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación.