Uno de los principales retos del nuevo sistema penal es cambiar la mentalidad de los operadores, pues hay una multitud de vicios arraigados, prácticas añejas y criterios de decisión que durante décadas entorpecieron la adecuada procuración e impartición de justicia, señala un estudio de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable.

Para modificar la mentalidad de estas personas es absolutamente indispensable que las nuevas reglas del juego se cumplan. No es necesario que pasen generaciones para que gane terreno una nueva cultura judicial. Sólo se requiere que cada operador observe estrictamente las normas del debido proceso y que las instituciones respalden ese quehacer con incentivos precisos y sanciones oportunas, destaca el análisis denominado Justicia penal en México. De las expectativas a la realidad.

Si el personal no cumple con el debido proceso al investigar los delitos, realizar aprehensiones, recabar pruebas y exponerlas ante la autoridad judicial, los jueces tendrán que desechar los casos. En tales casos se habrán respetado los derechos del acusado, pero el delito quedará impune, advierte el documento de la fundación creada por el ex presidente Felipe Calderón, quien promulgó en 2008 la reforma que da vida al nuevo sistema.

Si policías y agentes del Ministerios Público cometen prácticas indebidas, como obtener confesiones bajo tortura, el acusado será dejado en libertad a pesar de que todo lo demás apunte a su culpabilidad, insiste.

El análisis retoma un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo, según el cual la adecuada implementación de la reforma penal en todo el país se llevará al menos 11 años, pues todos los casos iniciados bajo las reglas del modelo mixto-inquisitorio deben ser concluidos mediante ese sistema.

Ello significa que durante la próxima década seguirán conviviendo ambos modelos de justicia con el consiguiente riesgo de que las prácticas y valores asociados al esquema anterior contaminen los primeros pasos del acusatorio.

Otro desafío que deberá enfrentarse es la atención a las víctimas. La reforma establece que estas personas deben contar con un asesor jurídico, quien les acompañará y orientará desde la denuncia y en cada una de las etapas del proceso penal. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconoció que apenas logró capacitar a 850 asesores en los estados, cifra que resulta ridícula frente a una demanda potencial de más de 23 millones al año, según la más reciente encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.