El acuerdo de universalización de la atención médica entre la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) pretende establecer paquetes de atención básica, que serían atendidos por las instancias del gobierno federal, y los de alta especialización cederlos a la atención privada, a través de los seguros de salud.

Araceli Damián, presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, advirtió que el anuncio gubernamental contempla la incorporación de 13 millones de personas a la derechohabiencia de las dependencias de seguridad social, mientras la inversión para atenderlas es mínima. Se desea ocultar los niveles de pobreza que se vienen incrementando sin existir políticas públicas que las contengan.

Para la legisladora, la llamada universalización considera ejecutar una serie de medidas de atención médica, que sin duda son necesarias, no obstante se anuncian nuevos programas de incorporación, sin invertir recursos en nuevos hospitales, ni en la contratación de personal médico. Esta iniciativa considera privatizar los servicios de salud.

El gobierno, adujo la académica de El Colegio de México, prevé crear paquetes básicos de atención médica y remitir a los seguros privados enfermedades más complejas, insistió.

Es muy difícil compartir los paquetes de servicios básicos y aquellos que no lo son. En el IMSS los trabajadores aportan cantidades distintas para su atención a las de los empleados que cotizan en el Issste. Y si se considera esta lógica, en el Seguro Popular las personas no aportan recursos para su atención. El problema de fondo es que no se está planteando la cobertura ni se está trabajando en la prevención de aquellas enfermedades que se han convertido en una carga muy pesada para las finanzas públicas.

Refirió que en el caso de padecimientos cardiovasculares la prevención es sustantiva, y las campañas permanentes escasean, borrándose todo vestigio de información, que por obligación debe proveer el gobierno federal.

La decisión gubernamental para universalizar la atención médica representa una carga muy pesada para el IMSS e Issste. Se anunció la incorporación de los estudiantes al Seguro Social y en unos días se dará a conocer que 6 millones de personas que trabajan en la informalidad también podrán ser atendidas en los hospitales públicos. Esto representa una presión de 13 millones de mexicanos más que serán atendidos por las instituciones federales. Y significa una segmentación muy grave porque implicará en algún momento la discriminación, pues un sector de mexicanos aporta para ser atendido y otro no, dijo.

También refirió que entre agosto y noviembre próximos se aplicará la Encuesta Nacional en Hogares, y lo que el gobierno desea es informar que los niveles de pobreza no sólo no han crecido, sino se han reducido, cuando las personas respondan que ya son atendidas en materia de salud.