a educación es un asunto político, pero es necesario impedir que sea víctima de la politiquería inmoral e irresponsable de quienes en su actuación política ponen sus intereses personales o de grupo por encima de los nacionales y del pueblo. Es urgente sacar al sistema educativo nacional de ese sucio espacio en el que lo han sumido los gobiernos (principalmente priístas y panistas, pero no sólo) desde hace muchas décadas.

La educación pública debe ser sostenida y conducida por el Estado, pero uno que represente el interés público y el general; por ello es necesario protegerla de políticos gobernantes irresponsables que, para su propio beneficio, están al servicio de los intereses particulares dominantes, nacionales y extranjeros. Hoy, son las amalgamas de estos poderosos grupos económicos y políticos que, disfrazados de Estado, han dizque recuperado la rectoría de la educación pública.

Con motivo de las actuaciones de los gobernantes en el conflicto actual, en diversos espacios ha adquirido fuerza la idea que retomo con convicción: un sistema educativo nacional autónomo, conducido por quienes tienen intereses legítimos en la enseñanza, en primerísimo lugar educadores y educandos. La idea no es nueva, ni es extraña a nuestra realidad. Es un estatuto probado como eficaz, por ejemplo en las universidades públicas. Los mismos gobernantes mexicanos han aceptado otras autonomías en el sector educativo, además de la universitaria. Ahí está, por ejemplo, la autonomía concedida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), aunque lamentablemente no ha pasado del enunciado legal. Totalmente opuesto a este esquema es la recentralización tiránica que el gobierno federal ha impuesto al sistema educativo (incluyendo la evaluación), sin hacer una evaluación seria del largo proceso de desconcentración y descentralización que se inició hace más de 40 años, y de la forma de superar sus vicios y limitaciones.

Un primer paso en la autonomía del sistema educativo nacional consistiría en hacer efectiva la autonomía del INEE y descentralizar sus funciones, pues este instituto se ha convertido en un servidor de la política educativa impuesta por los intereses de Peña Nieto, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio y demás gobernantes que tienen en la mira no otra cosa que las elecciones de 2018. También deberían crearse otras instancias autónomas, por ejemplo, para una asociación de las escuelas normales públicas o institutos para el impulso a la investigación educativa y pedagógica, y para la planeación del sistema educativo y sus diversas áreas, o para la coordinación de los diversos proyectos de educación medida superior, por fortuna diversos. Una medida de otro nivel, pero saludable, sería establecer que quienes ocupan cargos superiores en el sistema educativo –por ejemplo secretario y subsecretarios (si subsistieran), y los responsables de los órganos autónomos– tuvieran vedado aspirar a cargos políticos como gobernador, legislador o presidente de la República. Nos ahorraríamos, además, escenitas como las que nos receta todos los lunes el secretario Nuño.

También habría que evitar que intereses privados, económicos o políticos, aprovecharan la situación en su propio beneficio. Pero esto puede garantizarse con un diseño bien pensado de los órganos autónomos que prevea, por ejemplo, la exclusión de negocios lucrativos en la producción de libros y materiales didácticos, en la construcción y reparación de escuelas y en cualquier otro servicio que el sistema educativo requiera. También quedaría excluido el uso partidario de la educación.

En este esquema, un lugar central lo tendrían las agrupaciones académicas formales de maestros y otros profesionales de la educación. El aparato jurídico que sostendría a un sistema así se sustentaría en primer lugar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la forma en que estaba antes de las absurdas reformas de 2013.

Un componente central de este sistema serían las comunidades educativas, constituidas por educadores y educandos a las que se dotaría con todos los recursos necesarios para su trabajo. Estas comunidades serían también el espacio en el que los maestros tendrían una formación continua, mediante el análisis y la reflexión sistemática y colegiada de sus propias experiencias. Serían también el espacio para la evaluación diagnóstica y formativa de los maestros.

Además de asegurar la exclusión de intereses ajenos a la educación en la conducción de ese sistema autónomo, será necesario garantizar un autogobierno eficaz, horizontal, democrático, consecuente con la tarea de hacer de la educación una experiencia de libertad. Sería pues necesario fortalecer la autonomía de sus actores, la capacidad de pensar por sí mismos, de pensar críticamente. Este pensamiento democrático y crítico tendría correspondencia con lo que debería ocurrir en el aula, donde la actividad debe ser la discusión, tanto la práctica del diálogo sobre temas académicos y el acontecer en la sociedad y en la escuela misma (desde la primaria), como el estudio y análisis de las ricas discusiones que se han dado en todos los campos de conocimiento a lo largo de la historia.

Ya hoy día muchos maestros y estudiantes en todo el territorio nacional trabajan con la autonomía que les permiten el sistema, con las limitaciones que se derivan de las difíciles condiciones materiales y a contracorriente de la formidable presión de la ideología y la propaganda de un régimen sustentado en los antivalores del individualismo, el consumismo y la frivolidad. Algunos de estos esfuerzos han sido puestos en marcha por maestros simpatizantes de la CNTE, pero para el gobierno no existen. Un sistema educativo nacional autónomo sería espacio para extender esas experiencias y enriquecer sus resultados.

Sin duda esta es una propuesta que representa problemas y retos, pero ¿podrá haber algo peor que lo que padecemos?