l médico José Manuel Mireles Valverde sigue en la cárcel por un capricho vengativo del poder. No es más culpable de hechos violentos e infracciones a la ley que muchos de quienes fueron envueltos por el propio gobierno federal en un remolino de irregularidades graves en Michoacán ni es menos defendible (a pesar de zigzagueos y contradicciones e incluso señalamientos de poca estabilidad) que otros presos políticos.

Sustraído de su consultorio por las circunstancias y convertido en el más carismático de los súbitos personajes que produjo el arrebato gubernamentalmente inducido de las autodefensas, Mireles encarnó la menos manipulable resistencia al guión oficial que impuso el ofensivo comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, egresado de las academias Paulette en el estado de México (sustituyó al procurador Alberto Bazbaz, responsable de la tesis fantasiosa del colchón asesino), ahora dedicado a destrozar ya no sólo a una entidad federativa sino al deporte nacional desde la comisión federal correspondiente, la Conade.

Protagónico e inexperto en el tránsito por los terrenos minados del poder, el médico Mireles fluctuó entre el cumplimiento de las líneas impuestas por los mandos federales (que ensayaron en Michoacán un modelo controlado de autodefensas para confrontar a ciertos cárteles y dejar el paso libre a otros) y el jaloneo e incluso la desobediencia retadora en el tramo final, cuando el comisionado Castillo apretó tuercas en busca de desmontar el frankenstein tarasco de los ciudadanos en armas.

El médico rejego fue detenido el 27 de junio de 2014, junto con decenas de sus seguidores, bajo la acusación de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en una individualización aberrante, pues durante largos meses el gobierno federal promovió que muchos grupos de civiles portaran armamento de grueso calibre sin justificada regulación alguna y en abierta violación de distintos preceptos legales. En estricto sentido, el entonces comisionado Castillo y otros funcionarios federales y de fuerzas armadas deberían estar sujetos a proceso por haber autorizado sin sustento legal aquel masivo reparto de armas y el ejercicio de funciones policiacas o paramilitares. Y el médico Mireles debería estar libre, ya.

Es escandalosa la confección descarada del paquete de impunidad que ayer denunció el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, el precandidato presidencial Ricardo Anaya. Tres gobernadores priístas acusados de actuar en términos de tanta corrupción y arbitrariedad que los resultados electorales recientes asignaron el triunfo a panistas, se cubren las espaldas en términos políticos y jurídicos, pretendiendo dificultar o cancelar las eventuales acciones justicieras o revanchistas que los nuevos gobernantes pretendan realizar conforme a sus promesas de campaña.

Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), César Duarte Jáquez (Chihuahua) y Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) son los gobernadores en funciones que pretenden poner no piedritas sino murallas a sus sucesores electos, Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Corral Jurado y Carlos Joaquín González, respectivamente. El catálogo de acciones de los primeros no queda solamente en la obstrucción de medidas en su contra, sino que adquiere tintes amenazantes contra los segundos. En Veracruz, por ejemplo, el expriísta-gordillista-panista Yunes Linares quedará sin fuero y con un fiscal anticorrupción y un contralor estatal que designará transexenalmente Duarte de Ochoa. En Chihuahua, además de pretender la imposición de una fiscalía especial anticorrupción, se ha modificado un artículo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera para permitir que Duarte Jáquez no liquide adeudos de corto plazo en los tres últimos meses de su gestión, de tal manera que esa carga financiera sea trasladada formalmente al entrante, Corral Jurado. En Quintana Roo, el priísta Borge ha instalado a personal de su partido en la fiscalía anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado, ésta a cargo de un sobrino del ex gobernador Félix González Canto.

Los emplazamientos de guerra política y jurídica en esas entidades intentan el salvamento de los tres gobernadores que con abundancia de argumentos y pruebas merecerían ser sujetos a procesos bajo acusación de diversos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los entrantes, a su vez, estarán ante el riesgo de incumplir sus promesas de hacer justicia en sus estados e incluso llevar a la cárcel a sus antecesores priístas. La exacerbación de los ánimos populares de justicia o, abiertamente, de venganza contra mandatarios corruptos, ha servido a muchos opositores para ganar votos aunque más adelante surjan impedimentos reales o negociados que posponen o diluyen las ofertas de prisión a los malos gobernadores, como ha sucedido en Nuevo León, donde Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, no ha podido ir más allá de embargos, mientras el ex gobernador Rodrigo Medina goza de protección superior. En Sonora, Claudia Pavlovich tampoco ha podido avanzar en su exigencia cada vez más abierta de que la procuraduría federal de justicia actúe contra su antecesor, el panista Guillermo Padrés, en un lance poco frecuente (gobernadora estatal presionando a procuradora nacional, ambas con sello priísta) que algunos encuadran en el contexto de las nuevas relaciones o distanciamiento entre el promotor de Pavlovich, el dimitente Manlio Fabio Beltrones, y Los Pinos.

Astillas

En la entrega de ayer, este columnista apresurado escribió que Miguel Ángel Osorio Chong es el priísta hasta ahora puntero en las manipulables encuestas de opinión que circulan a la fecha. Lo que el Astillero quiso decir (ya necesitado de su traductor de intenciones, como aquel embotado presidente de la República) es que el hidalguense es puntero en las encuestas de opinión internas del PRI, no en las generales, entre posibles aspirantes de diversos partidos, en las que cier-ta-men-te la delantera la ha llevado López Obrador… ¡Hasta mañana!

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