Xalapa, Ver.

Tras las elecciones del 5 de junio, en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el gobierno de Veracruz después de 86 años, se ha agudizado la pugna entre el mandatario en funciones, Javier Duarte de Ochoa, y el electo, Miguel Ángel Yunes Linares, postulado por la alianza integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

El pleito, que se inició durante las campañas, cuando Yunes Linares prometió encarcelar a Duarte de Ochoa por presunto desvío de recursos públicos, ha llegado a su punto más candente a raíz de que el gobernador priísta impulsó un paquete legislativo con la finalidad de protegerse después de que deje el cargo, el primero de diciembre.

En una semana y sin mayor cabildeo, la mayoría tricolor en el Congreso local, dirigida por Juan Nicolás Callejas, líder moral de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aprobó una serie de reformas que permitirán a Duarte de Ochoa emprender las siguientes medidas:

Dejar una Fiscalía Anticorrupción inamovible por cinco años; nombrar a tres magistrados de una sala especializada en combate a la corrupción a partir de una terna propuesta por Javier Duarte, inamovible por 10 años, y establecer la permanencia del actual contralor general de la entidad.

Otra modificación impediría entregar la cuenta pública 2015 y adelantar la fecha de la aprobación, de tal forma que sea la actual legislatura la que la revise y no la siguiente, en la que el PRI ya no tiene mayoría.

Yunes Linares considera que en medio de una ola de violencia, desempleo y crisis de las finanzas públicas, Duarte se ocupa sólo de blindar su salida.

Agregó que hay versiones de que la actual administración promueve un paquete que incrementaría el presupuesto a diversas instituciones públicas y dar base a todos los funcionarios afines a Duarte, a partir del cargo de subdirector, así como aplicar diversas exenciones fiscales, lo que mermará los ingresos.

Entre estas modificaciones destacan las que otorgan autonomía financiera a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial de Veracruz, y les adjudica de 1.5 a 2 por ciento del total del presupuesto estatal, y la autonomía a la Universidad Veracruzana, que recibiría 4 por ciento de los fondos del gobierno estatal.

Según Yunes, este paquete incluye cifras imposibles de cubrir para el próximo gobierno, terminaría de destruir las finanzas públicas y crearía una crisis social y financiera.

Este lunes, el gobernador electo envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle su intervención. “Veracruz debe estar por encima del PRI y de los intereses de la banda que nos gobernó en los últimos años.

Javier Duarte ha tomado la decisión de orillar a Veracruz al precipicio, provocando una reacción de la sociedad que puede salirse de las vías institucionales, acusó.

Insistió en que Peña no puede y no debe encubrir a quienes llevaron a Veracruz a la crisis social más grave de su historia, como consecuencia de una corrupción que brota por todos lados y que se debe sancionar severamente.