l año pasado el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva conocida como DACA y DAPA, mediante la que suspendió los juicios de deportación de 5 millones de indocumentados. Unos días después, a solicitud del gobierno de Texas, fue revocada por un juez de distrito de ese estado. La Casa Blanca apeló esa decisión por considerarla improcedente. Después de varios meses, el litigio llegó al máximo tribunal de Estados Unidos. En la Suprema Corte cuatro magistrados liberales votaron en contra de la orden del juez texano y cuatro conservadores por sostenerla. Debido al empate, quedó en pie la revocación de la orden ejecutiva del presidente, que originalmente invocó el gobierno texano, y a la que más tarde se sumaron otros 24 estados.
El resultado es que la mayoría de esos indocumentados estarán a disposición de las autoridades migratorias para comenzar o continuar sus procesos de deportación. Aún no está claro cómo se efectuarán esos procesos y cuáles son sus etapas. De lo que no hay duda es la que suerte de 5 millones de personas penderá nuevamente de un hilo; en opinión de algunos especialistas los efectos de la decisión de la corte no se dejarán sentir de inmediato, al menos en términos prácticos.
La administración del presidente Obama ya estudia los recursos legales para atenuar o posponer la decisión de la corte. El momento es particularmente interesante, al tomar en consideración que Trump y Clinton han manifestado una opinión diametralmente diferente con respecto a la situación de los indocumentados.
Trump, como es sabido, ha declarado enfáticamente su oposición a ellos. Clinton ha dicho que es necesaria una profunda reforma migratoria que incluya una vía para la regularización migratoria de todos los indocumentados que viven en el país. Es un hecho que de llegar a la presidencia, el primero hará lo posible por echar abajo las órdenes ejecutivas de Obama, y la segunda por mantenerlas vigentes. También está claro que la decisión de la Suprema Corte ha provocado una avalancha de protestas entre quienes apoyan a los indocumentados. Más importante aún es que se volcarán en las urnas para votar no sólo en contra de Trump, sino también de un buen número de candidatos republicanos. Por lo menos cuatro senadores de ese partido y varios de sus compañeros en la Cámara de Representantes estarán en peligro de perder las elecciones.
Lo que es evidente es que el malestar por las rudezas innecesarias de Trump en contra no sólo de los indocumentados, sino del más elemental sentido del quehacer político, ha crecido tanto fuera del Partido Republicano como en su propio seno. Una muestra de ello es la declaración de los patriarcas de la familia Bush, quienes anunciaron su apoyo a los candidatos a senadores de su partido, pero no a Trump. En este complejo panorama, no es descabellado pensar que en la convención del Partido Republicano pudiera suceder algo imprevisto. La historia está por escribirse aún y es un hecho que una parte de ella la podrían redactar millones de votantes de origen latino y quienes simpatizan con ellos.
