Colima, Col.

El ex gobernador Mario Anguiano Moreno, acusado de desviar parte de un crédito de 638 millones de pesos contratado durante su administración con el banco Interacciones, señaló a ex funcionarios y colaboradores del actual gobierno de estar implicados en el manejo de esos recursos.

Dijo que son corresponsables Rogelio Rueda, líder estatal del PRI y ex secretario de Gobierno; Ramón Pérez Díaz, ex gobernador interino; Carlos Noriega García, secretario de Finanzas y Arnoldo Ochoa González, actual secretario general de Gobierno.

Afirmó que Rueda no fue señalado durante la investigación del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig). Rueda firmó los contratos. Lo que yo veo es que el criterio del Osafig no es parejo, enfatizó.

Comentó que en septiembre de 2015 se formó una comisión de diputados y ciudadanos para dar seguimiento al ejercicio del crédito contratado con Interacciones, pero en el informe no viene ni su función ni responsabilidades.

Aclaró que el crédito se pidió durante su mandato, pero se ejerció en el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz y con el actual secretario de Finanzas, Carlos Noriega, y tampoco los sanciona la Osafig.

Precisó que “170 millones de pesos fueron entregados en 2015 al gobierno interino y liberaron el crédito de corto plazo.

El 14 de diciembre de ese año, esa administración informó que de los 638 millones de pesos, 18.5 fueron para comisión (bancaria), 23.3 para depósito en garantía y 91.3 millones le abonaron al capital para disminuir el fondo”.

Anguiano criticó que “en el informe del Osafig no se detalla la entrega de dinero que se dispuso en el gobierno de Pérez Díaz, y a nosotros nos dicen que lo regresemos.

“Estamos tranquilos, cada una de las acciones fueron de buena fe, los créditos que son motivo de observaciones, sabíamos que no lo íbamos a ejercer nosotros, era Nacho Peralta (actual gobernador) para que tuviera mejor manejo de las finanzas”, concluyó.

El pasado 20 de junio, Anguiano Moreno fue denunciado penalmente por los diputados del Congreso local ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por peculado, uso de documentación falsa y lo que resulte por el ejercicio del crédito.

Pretenden imponer al ex gobernador y a cuatro de sus ex funcionarios una sanción económica directa y en partes iguales para cada uno hasta por 707 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados.

También están implicados el ex secretario de Gobierno Rafael Gutiérrez, la ex secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos, Adriana Vargas Valle, actual directora de Egresos, y Jorge Anguiano Olmos, ex director de Presupuesto. Todos fueron inhabilitados para ocupar puestos públicos.