Fueron titulares de Desarrollo Social, Desarrollo Turístico y del Instituto de la Vivienda
Se detectaron estímulos irregulares a la empresa Siderúrgica Linares
Unidad anticorrupción de la Contraloría estatal ha recibido 18 denuncias más
Multas por $210 millones a implicados
Lunes 27 de junio de 2016, p. 29
Monterrey, NL.
El gobierno del estado informó que cuatro funcionarios de la administración pasada (2009-2015), encabezada por el mandatario priísta Rodrigo Medina de la Cruz, fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos y se les impusieron multas que suman 210 millones de pesos.
Estos cuatro ex servidores públicos se suman a los seis castigados el 3 de junio. La inhabilitación anunciada la noche del sábado se debió a que los acusados otorgaron incentivos irregulares a la empresa Siderúrgica Linares. De acuerdo con la contralora estatal, Nora Elia Cantú, podría haber más castigos, ya que durante las dos semanas recientes la unidad anticorrupción de la dependencia ha recibido 18 denuncias más contra ex servidores públicos.
Los sancionados son Juana Aurora Cavazos, ex secretaria de Desarrollo Social; Patricia Aguirre, ex directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Juan Manuel Fernández, ex director del Instituto de la Vivienda del Estado, y Sergio Alanís Marroquín, quien ocupó ese cargo en la parte final de la administración de Medina.
Los funcionarios inhabilitados el 3 de junio son Rodolfo Gómez Acosta, ex secretario de Finanzas y tesorero general del estado; Luis Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas, y Rolando Zubirán Robert, ex secretario de Desarrollo Económico.
También se sancionó a Ramón Villagómez Guerrero, quien fue director general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; Juan Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado (Fidecitrus), y Víctor Martínez Trujillo, anterior director general del Sistema de Caminos de Nuevo León.
De igual manera, se embargaron bienes a otros 10 ex funcionarios, incluido el propio ex gobernador Medina, como parte de la Operación Tornado de la actual administración, que detectó anomalías financieras en la compraventa de terrenos estatales.