Mazatlán, Sin.

El Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa sostuvo que en los últimos 11 años en la entidad han sido asesinadas 765 mujeres y niñas y no 513, que es la cifra reconocida por las autoridades estatales, que sólo reportan en ese periodo 56 feminicidios y tres denuncias por desaparición forzada.

La organización no gubernamental afirmó que los 765 crímenes se cometieron principalmente en cinco de los 18 municipios de la entidad: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

Teresa Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, señaló que ante la diferencia de cifras entre autoridades y asociaciones civiles, el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavin), hizo nueve recomendaciones.

Una de las principales es la creación de una base de datos unificada entre las diferentes dependencias del gobierno del estado, como Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Salud y Supremo Tribunal de Justicia.

La Conavin retomó los datos del Informe de Feminicidios en Sinaloa, 2007-2009 de la investigadora Guerra Ochoa, el cual arrojó que en los recientes cinco años del gobierno estatal, encabezado por Mario López Valdez, de 2011 a febrero de 2016, se documentaron 409 muertes violentas en el estado, cifra que para el presente mes se elevó a 430.

Apenas, este viernes, en la colonia Villa Verde de Culiacán una mujer fue asesinada a balazos y el cuerpo de otra fue hallado en Mazatlán, a orillas de la carretera que conduce a la capital del estado, con disparos de arma de fuego.

A seis meses de que concluya el gobierno de López Valdez, Teresa Guerra Ochoa alertó que la situación de violencia hacia las mujeres es grave y alarmante, por lo que urge que se decrete la alerta de género.

Otra de las recomendaciones al gobierno de Sinaloa por parte del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, es que se fortalezca la institucionalización de la perspectiva de género mediante la aplicación del modelo para atención de mujeres víctimas de violencia de género.

Esto último, debido a que se ha detectado que personal del Poder Judicial tiene estereotipos y prejuicios respecto a las mujeres, lo que obstaculiza la adecuada interpretación del protocolo para juzgar con perspectiva de género de los miembros del Supero Tribunal de Justicia del Estado.