El Senado recibió ayer las observaciones del presidente Enrique Peña Nieto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, del que se elimina por completo la obligación de los empresarios, y en general personas físicas y morales, de presentar declaración patrimonial y de intereses, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, bajo el argumento de que es una disposición desproporcionada e inconstitucional.

En el documento Peña Nieto advierte que el legislador federal debe apegarse al parámetro que la norma constitucional expresamente le confiere y, en este caso, no lo hicieron, toda vez que en la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción –en mayo del 2015– no se establece que los empresarios tengan esa obligación.

Resalta, asimismo, que obligar a los empresarios a declarar sus bienes y posibles conflictos de interés constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales, además de que impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos públicos tanto directa como indirectamente.

El presidente insiste: La ley no debe introducir de forma arbitraria normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionen los derechos humanos de aquellos. La intromisión a la esfera jurídica de personas físicas y morales es mayor al beneficio que se pretende alcanzar, ya que se ponen en peligro otros derechos, como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.

En todo caso, dicha homologación debe tener por objeto la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente incluidos en ellas, sostuvo.

Asimismo, Peña Nieto resaltó aque en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas hay otras medidas que persiguen el mismo fin, pero resultan significativamente menos lesivas, entre ellas el artículo 44, que regula el protocolo de actuación en contrataciones públicas.

El presidente de la República veta de forma parcial el artículo 32, al eliminar los incisos b y c, en los que se establece la obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación, de las entidades federativas y los municipios. Asimismo, de las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”.

Propuso que el artículo 32 quede como estaba originalmente y sólo establezca que son los servidores públicos los obligados a presentar sus tres declaraciones de bienes. Sugiere modificar 10 artículos relacionados con los empresarios.

Al final, el Ejecutivo recalca que se considera oportuno la revisión, exclusivamente de los artículos referidos en ese documento remitido al Senado.

El presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Emilio Gamboa, emitió un comunicadopara informar que el próximo miércoles decidirán la fecha que propondrán a la Comisión Permanente para que convoque a un periodo extraordinario. El perredista Miguel Barbosa y el priísta Enrique Burgos consideraron que podría ser la próxima semana y el punto desahogarse en un solo día.