Mazatlán, Sin.

Las familias desplazadas por la violencia de grupos del crimen organizado en Badiraguato, El Fuerte, Salvador Alvarado, Culiacán, San Ignacio, Elota, Cosalá, Concordia, El Rosario y Mazatlán deben ser atendidas de forma inmediata por el gobernador Mario López Valdez, reclamaron legisladores del Partido Sinaloense Noé Quevedo Salazar y María del Rosario Sánchez Zatarain.

La diputada señaló que existen 44 poblaciones en la sierra del norte de la entidad donde los pobladores padecen saqueos en viviendas, clínicas, centros educativos y comercios, además de robos de ganado, incendios en cientos de hectáreas de bosques y despojos de tierras, para sembrar enervantes.

Sánchez Zatarain solicitó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instale una base militar en San José de los Hornos, municipio de Sinaloa, para garantizar la tranquilidad de pobladores, pues tan sólo en Badiraguato hay 310 familias cohabitando con parientes, amigos e incluso en lugares abandonados.

Afirmó que los desplazados dejaron todas sus pertenencias en sus hogares, por lo que demandó a las tres instancias de gobierno instrumentar programas de salud integral, medicinas, atención médica y sicológica, además de empleo temporal.

Quevedo Salazar indicó que los afectados requieren regresar a sus lugares de origen para continuar con las actividades cotidianas. El interés del grupo parlamentario del Partido Sinaloense es revisar y atender a las familias que por necesidad han dejado sus viviendas, lo cual las coloca en condiciones sumamente difíciles.

Criticó que el gobierno no haya aplicado protocolos de tratamiento y no existan programas sociales de la Federación y el estado para esta problemática, pues suman más de 250 familias las que han salido de Badiraguato, aunque extraoficialmente más de 33 mil personas estarían en esta situación.

Moisés Melo García, coordinador general de Seguridad Pública sinaloense, adelantó que más de mil integrantes de la Sedena y la Armada de México fortalecerán la seguridad en esos sitios ante los hechos de violencia ocasionados por el reacomodo de grupos delincuenciales.

Reconoció que en Badiraguato una cuarta parte de los habitantes empiezan a regresar a sus comunidades y las actividades productivas han vuelto a la normalidad.

Dijo que la presencia militar en la población de La Tuna permanecerá unas cuatro semanas más, para que las familias regresen a sus hogares.