Nueva York.

Millones de indocumentados no podrán gozar de la protección legal temporal ofrecida por el presidente Barack Obama, a causa de un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que generó desencanto, ira y temor en las comunidades inmigrantes, y que intensificará el debate electoral nacional.

En un fallo de una sola línea, la Corte dejó en vigor la decisión de congelar las medidas impulsadas por Obama por orden ejecutiva en noviembre de 2014, para otorgar legalidad temporal a padres de ciudadanos o residentes que ya tienen papeles y que ingresaron como menores de edad y a sus familias (la medida se conocía como DAPA).

El voto de los ocho jueces empató a cuatro (al permanecer un puesto vacante), con lo que no se modifican los fallos de un tribunal federal de apelaciones y, anteriormente, de un juez en Texas en el caso de Estados Unidos contra Texas, en el cual el gobierno de ese estado y de otros 25 solicitaron frenar las órdenes ejecutivas otorgando protección temporal de deportación a un sector de casi 5 millones de personas.

No obstante, el fallo fue un revés posiblemente final al último intento del gobierno de Obama de ofrecer alguna vía de regularización a millones de inmigrantes, después de que sus intentos para promover una reforma integral en la materia fracasaron ante el rechazo de la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso a lo largo de su mandato. La decisión de hoy es frustrante para aquellos que buscan nutrir nuestra economía y llevar la racionalidad a nuestro sistema de migración, declaró el presidente.

Inmediatamente después del anuncio, el mosaico de organizaciones de defensa de los derechos de inmigrantes expresaron su reprobación del fallo y alertaron que tendría consecuencias graves para sus comunidades. Se realizaron protestas frente a la Suprema Corte y se programan más en los próximos días en varias ciudades, desde Nueva York hasta Phoenix.

Ante el clima antimigrante propiciado por algunos precandidatos republicanos –entre ellos Donald Trump y su ex contrincante Ted Cruz–, no procederá ni un muy modesto intento para otorgar algún tipo de protección legal a un sector limitado de inmigrantes en este país.

Líderes republicanos elogiaron el fallo, reiterando su argumento de que Obama actuó más allá de sus facultades. El presidente de la cámara baja, Paul Ryan, afirmó que el fallo anula las acciones ejecutivas sobre migración, y subrayó que ésta es otra victoria mayor en nuestra lucha para restaurar la separación de poderes.

Sin embargo, expertos en favor de una reforma migratoria, como America’s Voice, señalaron que el fallo por ese empate sólo implica que no se logró una decisión sobre el caso, y, por tanto, no establece un precedente sobre la legalidad de estas órdenes ejecutivas, con lo que permanecen abiertas algunas vías legales para revertir el fallo original.

Pero el fallo fue una derrota para Obama. Durante años el presidente había aplicado medidas de control de migración, incluyendo más Patrulla Fronteriza, más vigilancia aérea y tecnológica de la frontera y esfuerzos para expulsar a más inmigrantes, como parte de una estrategia –según sus asesores– para poder negociar una reforma con los republicanos. Pero al fracasar, muchos líderes latinos e inmigrantes empezaron a criticar más abiertamente a la Casa Blanca, incluso ganándole al presidente el apodo de deportador en jefe.

Ahora, ante la anulación de casi todas las iniciativas para promover una reforma migratoria en los últimos años, y más recientemente, con el surgimiento de Donald Trump nutriendo aún más las posiciones antimigrantes del país, algunos sectores están prometiendo redoblar esfuerzos para generar una movilización masiva de votantes latinos, y otros no sólo para enfrentar al candidato republicano y sus aliados, sino para generar una ola promigrante que se traduzca en reformas reales.

Asociaciones de abogados de migración, la central obrera AFL-CIO, varios sindicatos nacionales y organizaciones religiosas se sumaron a las expresiones de reprobación del fallo.

Estamos tristes, decepcionados, pero no vamos a dejar de luchar hasta que nuestras familias sean tratadas con el respeto y dignidad que merecen. La próxima parada es noviembre, cuando vamos a votar por un presidente que hará realidad una reforma migratoria, prometió Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA Maryland, parte de un coro de líderes y defensores de comunidades migrantes a lo largo del país.