Nueva York.

Unos 185 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2015 en el mundo, cifra nunca antes vista, con Brasil, Filipinas y Colombia entre los más mortíferos, y México en décimo lugar con cuatro muertes, de acuerdo con el informe anual de Global Witness difundido este lunes.

En 2015 más de tres personas a la semana fueron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y ríos frente a industrias destructivas, declara el informe En terreno peligroso. Agrega que el medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que vive ahí, afirmó Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, organización con sede en Londres.

La cifra de casos documentados en 16 países (señala que hay muchos más aún bajo investigación) representa un incremento de 60 por ciento respecto de 2014 y el más alto desde que se iniciaron estos informes anuales, en 2002. La minería fue el sector en el que hubo el mayor número de asesinatos de defensores del ambiente.

Brasil encabeza la lista con 50 ambientalistas asesinados; seguido de Filipinas con 33, y Colombia con 26. Después se ubicaron Perú (12), Nicaragua (12), República Democrática del Congo (11), Guatemala (10), Honduras (ocho, no incluye el caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada este año), India (seis) y México (cuatro).

Según el informe, 67 de los defensores de la tierra y el medio ambiente (40 por ciento del total) asesinados en 2015 eran integrantes de comunidades indígenas.

La organización pide la intervención de los gobiernos en lo que considera una espiral de violencia contra ambientalistas, investigar los casos, defender el derecho de los activistas a oponerse a proyectos destructivos del medio ambiente y sus tierras, y solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales.

El informe