Colima, Col.

El ex gobernador Mario Anguiano Moreno fue denunciado penalmente por los diputados del Congreso local ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por peculado, uso de documentación falsa y lo que resulte por el ejercicio de un crédito por 638 millones de pesos contratado con el banco Interacciones.

Por mayoría, los diputados aprobaron el viernes pasado sancionar al ex mandatario, al igual que a cinco de sus ex funcionarios por desviar parte de los 638 millones de pesos de ese crédito en gasto corriente y otros conceptos.

De esta forma, el Congreso de Colima pretende imponer a los implicados, en conjunto, una sanción económica directa y en partes iguales y subsidiaria para cada uno de ellos hasta por la cantidad de 638 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados.

Se relaciona en el desvío al ex gobernador Mario Anguiano Moreno; el ex secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos; la ex secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández; Adriana Elizabeth Vargas Valle, actual directora de Egresos, y a Jorge Anguiano Olmos, ex director de Presupuesto.

Inhabilitado 14 años

Asimismo, se inhabilitó a Mario Anguiano para ocupar cargos públicos durante 14 años; a Rafael Gutiérrez por seis años, y durante diez años a Blanca Isabel Ávalos, Adriana Elizabeth Vargas y Jorge Anguiano.

Además, se impuso a Anguiano Moreno, Gutiérrez Villalobos y Ávalos Fernández en conjunto una sanción económica directa y en partes iguales y subsidiarias para cada uno hasta por la cantidad de 69 millones 66 mil 97 pesos.

A Ricardo Miguel Arteaga González, ex coordinador de la Dirección General de Egresos, se le impuso una sanción económica directa hasta por 12 millones 500 mil pesos, por el daño ocasionado al realizar la cancelación del registro contable en el sistema informático de contabilidad gubernamental SAP, además de inhabilitación de seis años para ocupar cargos públicos.

Con las sanciones se busca resarcir los daños y perjuicios causados a la hacienda pública del estado y suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones legales, tomando en consideración la gravedad de la responsabilidad en que incurrieron, al vulnerar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan, establece el dictamen.

Además se solicitó al Instituto del Registro del Territorio de Colima la anotación preventiva de los bienes inmuebles y sociedades inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a nombre de los citados ex servidores públicos, y así garantizar la posible reparación del daño y el pago de las sanciones pecuniarias a la hacienda del gobierno de Colima.