sentada en la violencia depredadora y estructural del sistema capitalista, la guerra del régimen de Enrique Peña Nieto contra el magisterio nacional está en la esencia de la ideología neoliberal. Como advirtió Pierre Bourdieu en 1998, esa teoría tutelar es una pura ficción matemática fundamentada desde el inicio en una formidable abstracción –el orden puro y perfecto del mundo económico, potenciado por el discurso clasista dominante− que, convertida en programa político de acción de la partidocracia que impulsó el Pacto por México, busca crear las condiciones de realización y funcionamiento de dicha teoría
: un programa de destrucción sistemática de los colectivos y todo lo social organizado.
Bajo la coordinación de las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, y mediante el accionar represivo de los órganos coercitivos del Estado adscritos al gabinete de Seguridad Nacional, Peña y Aurelio Nuño, secretario de Educación pública
, vienen imponiendo de manera autoritaria las políticas diseñadas en el exterior por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En la coyuntura, resulta evidente que esa teoría
desocializada y deshistoricizada de los operadores políticos de quienes mandan en México: el capital trasnacional −a la que responde el paquete de ajustes neoliberales aprobados por el Congreso, incluida la punitiva contrarreforma educativa, que en realidad es laboral y administrativa−, posee más que nunca los medios de realizarse, de hacerse empíricamente verificable a macanazos, balas de goma, gas pimienta y otros instrumentos pedagógicos
que abrevan en la imagen del cuadro de Goya de finales del siglo XVIII, titulado La letra con sangre entra.
Para beneficiar a las corporaciones trasnacionales y sus inversiones, la política de desregulación financiera se lleva a cabo mediante una acción destructora del Estado nación –como depositario de todos los valores universales asociados a la idea de lo público− y de todas las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro y su maquinaria infernal, entre ellas, los sindicatos, las asociaciones, las cooperativas.
La instauración a sangre y fuego del reinado absoluto de la flexibilidad, con sus reclutamientos bajo contratos a término fijo, las ocupaciones interinas, la individualización de la relación salarial, la atomización de los trabajadores y los planes sociales
de relleno, ha derivado en una competencia voraz entre individuos sometidos a una evaluación permanente en medio de la inseguridad, el sufrimiento y el estrés.
Esa institucionalización práctica de un mundo socialdarwinista basado en la lucha de todos contra todos, se da gracias a la existencia de un ejército de reserva de mano de obra domesticado por la precarización y la amenaza permanente del despido y el desempleo. En ese contexto, y en nombre de la eficacia
económica, la partidocracia y los altos funcionarios gubernamentales que sacralizan los poderes del mercado, imponen por las buenas o por las malas el desmonte de las barreras administrativas y políticas que puedan molestar a los detentadores del capital en la persecución de la maximización de la ganancia individual, institucionalizada como modelo de racionalidad.
El Estado niñera
neoliberal −un Estado del bienestar dirigido a proteger y subvencionar sólo a los ricos− viene aplicando una estrategia de rollback, de dominio y vuelta atrás, cuyo objetivo es descomponer por completo el viejo contrato social producto de la lucha popular masiva durante un siglo y medio, que había conseguido suavizar los extremos de la tiranía privada depredadora. Hoy, en México y otras partes del mundo se debe volver atrás, a los días en que los salarios eran casi de esclavos, según los denominaban los trabajadores del siglo XIX.
Los trabajadores y los pobres deben estar sujetos a la disciplina del mercado. Por eso se militariza a la sociedad. Y de allí la sorda guerra de Peña Nieto y el déspota perfumado Nuño –quien viene cumpliendo funciones de fiscal, juez, golpeador y verdugo a sueldo del gran capital− contra la CNTE y todos los maestros y maestras de México. La plutocracia que se beneficia de la existencia de las estructuras militares −de la naturalización de lo militar heredadas del régimen de Felipe Calderón− sabe que debe dedicar recursos a mantener un elevado nivel de militarización en las mentes de sus conciudadanos, porque mientras sea así podrán seguir manteniendo su situación de privilegio.
Pero el capitalismo militarizado de nuestros días responde, también, a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial que se abrió a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de 2016, cuyos escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes puerto Madero), en el municipio de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.
En esos estados del sur-sureste mexicano, donde predomina la propiedad colectiva de la tierra y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y emancipadora− se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña y Nuño contra la CNTE, incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.
