on cada declaración de los funcionarios responsables de impedir que siga reinando la contaminación atmosférica en la megalópolis se comprueba que las políticas anunciadas para tal fin y que estarán vigentes a partir del primero de julio próximo, no descansan sobre bases sólidas. La última muestra de lo anterior la ofrecen Diana Higareda y Salvador Camarena, reportera y columnista respectivamente de El Financiero. En una encuesta con las agencias de autos que venden los modelos que fabrican las trasnacionales Chevrolet, Honda, Nissan y Volkswagen comprobaron que los motores de modelos de los años 2014 y 2015 tienen las mismas características técnicas que los de 2016 en cuanto a generación de contaminantes. Sin embargo, sólo los de este último año estarán exentos por cuatro años de realizar la verificación vehicular. Así, las instancias oficiales se han convertido en agentes de publicidad de la industria automotriz, al promover sin tapujos la compra de los modelos 2016.

Por su parte, reporteros de La Jornada demostraron con datos oficiales que la industria asentada en el estado de México aporta a la contaminación atmosférica 64 por ciento. Especialmente los sectores químico, alimentario y cementero. Ello prueba la tolerancia de las instancias gubernamentales hacia esos y otros sectores so pretexto de atraer inversiones y crear empleos. En otras, hay contubernio de funcionarios y políticos con los empresarios. Nada nuevo si recordamos la forma en que funcionó por décadas Cromatos de México, en el municipio de Tultitlán, con la complacencia del gobierno mexiquense y del sector salud federal. Ahora el peligro se centra en la empresa química Mexichem, cuya planta está rodeada por asentamientos humanos. Igual que el parque industrial y la zona de Lechería del citado municipio.

No solamente la industria está fuera de control. También el transporte público concesionado. Tras la sentencia de muerte que el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció contra los microbuses y de que sólo se darán concesiones a los vehículos ecológicos, se conocieron datos oficiales que demuestran cómo las unidades del transporte público concesionado de la vecina entidad son chatarra, obsoletas desde el punto de vista ambiental y sin la obligación de realizar la verificación vehicular. Se trata de unas 170 mil unidades entre taxis, combis, autobuses, camiones y microbuses. Incluso las rutas concesionadas carecen de la mínima planeación lo que afecta la movilidad dentro de la urbe y, por ende, la salud de los usuarios. Buena parte de esas unidades tienen como punto de llegada y salida las estaciones del Metro más saturadas de la ciudad de México, como Indios Verdes, Observatorio, Pantitlán y Zaragoza.

Un asunto que los funcionarios no refieren cuando hablan de la renovación de las unidades de transporte público en la megalópolis es el poder de los concesionarios. Son factor clave a la hora de apoyar al gobernante en turno vía el acarreo de simpatizantes a diversos actos públicos, lo que aumenta en tiempos electorales. Una práctica que inauguró el PRI y copiaron los demás partidos a la hora de ser gobierno.

Nada fácil será remplazar con unidades modernas y ecológicas a las decenas de miles de vehículos chatarra del sistema público concesionado de la megalópolis. Sus dueños dicen no disponer de recursos para ello por lo que piden el apoyo oficial con el fin de obtenerlos y, de paso, aumentar las tarifas. El licenciado Miguel Mancera asegura que la banca está dispuesta a conceder el financiamiento requerido y hasta se analiza dar un bono de 200 mil pesos por cada chatarra que salga de circulación y sea remplazada por una moderna.

Además, Mancera presidió la destrucción de 700 microbuses y taxis antiguos que operaban irregularmente. Miles más están en la misma situación en la megalópolis por el aval que sus propietarios reciben de funcionarios y organizaciones políticas. Acabar con esos intereses y privilegios (que se extienden al sector industrial) es básico para mejorar el transporte público concesionado. ¿Se atreverán a eliminarlos los que tantas medidas anuncian en pro de un aire limpio?