Anoche, el Senado puso fin a una discusión de los ocho años pasados al aprobar reformas constitucionales de seguridad pública por las que se crea un mando mixto policiaco y se avanza en sanear, capacitar y profesionalizar a las corporaciones federales, estatales y municipales.

La reforma a seis artículos de la Carta Magna incluyó 10 iniciativas presentadas a partir de 2008; entre ellas, la del presidente Enrique Peña Nieto, a la cual se hicieron modificaciones de fondo, toda vez que se suprimió la pretensión de eliminar a los cuerpos municipales y de que el gobierno federal pudiera disolver ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado.

Hay cambios sustantivos que frenaron también la pretensión centralista y el debilitamiento del gobierno y el ámbito municipal, subrayó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas.

Al dictamen previamente consensuado, que el PAN se había negado a reconocer luego de las elecciones del 5 de junio, se incorporó un adéndum, con diversos cambios –propuestos por ese partido– en el que se establecen candados para evitar exceso de poderes, destacó el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes.

Entre ellos, que en caso de que se decida la intervención de una corporación policiaca estatal que haya incumplido las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se requerirá la aprobación del Senado.

Se elimina además la facultad que por oficio se daba al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de delegar de manera temporal la función policiaca en cualquier orden de gobierno.

Se borró del dictamen la disposición de que en caso de que la Federación asuma las tareas de seguridad pública de alguna entidad o un estados se haga cargo de la tarea policiaca de un municipio, de todas formas el costo correrá a cargo de quienes delegan la función.

Se aprobó que en la ley general que se deberá aprobar, luego de la modificación constitucional, se establecerán las responsabilidades presupuestales del orden de gobierno de que se trate.

Aunque se esperaba una discusión prolongada hasta la madrugada, se pactó que el debate fuera corto, de poco más de dos horas.

De entrada, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos, subrayó que se convino construir y fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno para cumplir con los propósitos de salvaguardar la integridad y derechos de las personas y preservar libertades y paz públicas.

El tema de las competencias en materia de seguridad pública se resolvieron mediante un modelo mixto de mando, que preserva la función policiaca en los tres órdenes de gobierno, aseveró.

No se puede tomar por asalto a las corporaciones policiacas, expuso el panista Juan Carlos Romero Hicks. El senador Encinas insistió en que, contra lo propuesto inicialmente por Peña Nieto, se han respetado las competencias municipales y la soberanía local, ya que los asuntos vinculados con la desaparición de poderes y mecanismos de control de los municipios corresponden a los congresos estatales.

Destacó asimismo que un cambio incorporado reconoce la facultad de los pueblos y comunidades indígenas en la función de seguridad pública, como establece el artículo segundo constitucional.

La reforma fue aprobada en lo general por 102 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, presentó un voto particular en contra por considerar que desmantela derechos sociales, desvertebra el Estado federal y significa un paso más hacia la instauración de un Estado policiaco.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, con lo que concluyó el periodo extraordinario en el Senado.