El proyecto integral Morelos:
las implicaciones en los
pueblos de Tlaxcala

Samantha César Vargas y Juan Carlos Flores Solís
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala

MAPA: Samantha César Vargas y Juan Carlos Flores Solís

El Proyecto Integral Morelos (PIM) es un megaproyecto energético en la región centro del país, que involucra a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y es una muestra de la política energética en México, resultado de un modelo de desarrollo extractivista, donde la oferta/demanda de energía eléctrica se vincula a los procesos de minería, fracking e industrialización intensiva.

La infraestructura que conforma este proyecto implica varios componentes en una primera etapa: dos centrales termoeléctricas de 620 megavatios cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un acueducto de 12 kilómetros que transportará 50 millones de litros de agua al día, afectando a por los menos 21 pueblos y ejidos de los municipios de Ayala y Tlaltizapán, Morelos, y un gasoducto de 160 kilómetros con un trazo que atraviesa 60 pueblos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Además de una línea de torres de alta tensión de 20 kilómetros.

El gasoducto representa particularmente un alto riesgo a la vida, ya que su trazo se encuentra dentro del mapa de riesgo volcánico del Popocatépetl, que fue elaborado por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para medir las zonas de riesgo. Por las irregularidades cometidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas, en el caso del Gasoducto Morelos, en materia de protección civil, tanto el Instituto de Geofísica de la UNAM como el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por la construcción de este tipo de infraestructura en la zona volcánica pues aumenta las condiciones de riesgo ya definidas en el Atlas Nacional de Riesgos.

Este proyecto en los hechos implica un despojo de la propiedad de la tierra y el agua a los pueblos; violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos involucrados; una amenaza a la vida campesina, a las instituciones comunitarias como las asambleas y a los lazos comunales de los pueblos afectados, y la criminalización y judicialización de los defensores de derechos humanos comunitarios que se oponen al proyecto.

En Tlaxcala los municipios afectados por el trazo del gasoducto son: Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Natívitas, Panotla, Texoloc, Huactzinco, Santa Apolonia Teacalco, Tetlatlahuca y Tlaxco.

En estos municipios la estrategia de despojo y violencia ha sido la misma que en los tres estados. Se registraron al menos tres hechos violentos perpetrados por policías en las comunidades de Panotla, San Vicente Xiloxochitla y Texoloc. En al menos dos municipios, Texoloc y Teacalco, los presidentes municipales se inconformaron por la falta de cumplimiento de obras, notificaciones de cambio de trayecto y falta de pago por licencias y permisos. En el caso de Texoloc, el representante legal de Gasoducto Morelos S.A.P.I de C.V., Carlos de Ovando, amenazó al presidente municipal con una demanda millonaria si no le permitía pasar, sin que hubiera permiso ni los pagos correspondientes.

Foto: Samantha César Vargas y Juan Carlos Flores Solís

En cuanto a afectaciones ecológicas consumadas, está la acontecida en la comunidad de San Vicente Xiloxochitla, la cual, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, denunció la tala de árboles con más de cien años de vida a orillas del río, existiendo una completa omisión de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa). En casos como San Jorge Tezoquipan, municipio de Panotla, el paso del gasoducto atraviesa por zonas cuya agua se encuentra a menos de dos metros de profundidad y es muy salitrosa, lo cual provoca la fácil oxidación y perforación de los tubos en una zona de expansión urbana, con el riesgo de propiciar en el futuro condiciones de explosión como las ocurridas en San Martín Texmelucan, Puebla, y Pajaritos, Veracruz. Otro riesgo especial existe en la Trinidad Tenexyecac, donde los pobladores se dedican a la alfarería y para cocer el barro utilizan hornos que funcionan con temperaturas de más de mil grados centígrados.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detectó al menos 27 sitios o áreas con vestigios arqueológicos en Tlaxcala, entre ellos Panotla, San Jorge Tezoquipan, Ixtacuitxtla, Tetlahuaca, Teacalco, Texoloc y prácticamente todo el trazo del gasoducto.

El interés del Gasoducto en Tlaxcala obedece a dos razones: impulsar zonas industriales en los nueve municipios involucrados, a manera de un corredor industrial, y transportar más gas natural al sur del país desde la fuente de abastecimiento en Tlaxco.

El PIM abre la intervención de capitales públicos y privados, extranjeros y nacionales hacia el territorio indígena y campesino, y los capitales que vinieron tienen la característica de no ser seguros, honrados, ni confiables. Las beneficiarias son las empresas españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y Bonatti, las últimas tres financiadas, para echar a andar el gasoducto, por Banobras, el Ministerio Público de Economía de España y Banamex-City Group; y la primera, Abengoa, para echar a andar la termoeléctrica y acueducto. Abengoa es hoy una empresa en quiebra a escala mundial por exceder en deuda los proyectos comprometidos y no tener ganancias suficientes para pagar a sus acreedores. Este es un proyecto de muchas pérdidas y derrotas, pocos triunfos para el capital y mucho descontento social en los pueblos afectados.

Rastros de la sequía:
Quiahuixclan y San Luis Apizaquito

José de Jesús Rogelio Rodríguez-Maldonado y Ma. S. Arana Hernández CIISDER-UATx

Los medios de desinformación-información tratan de mantener al animal racional distraído y alejarlo de la reflexión-acción en temas de sobrevivencia, como el agua y de forma particular el agua para consumo humano.

La relación animal racional-agua en el estado de Tlaxcala está marcada por un abanico de interacciones y de niveles de dificultad en el campo, el sistema rururbano y la ciudad. Especialistas en ecología pronosticaron que los primeros retos ambientales se iban a vivir en la ciudad y acertaron, con el agravante de incapacidad y pasividad del aparato gubernamental, municipal y local, para enfrentar estos escenarios.

Las inundaciones del centro histórico de Tlaxcala capital, provocadas por lluvias torrenciales y coladeras tapadas por residuos sólidos, nos colocan en una situación de riesgo y alto riesgo para la salud. En el actual escenario de lluvias torrenciales, y de falta de educación ambiental de amplios sectores de la población tlaxcalteca, se construye un riesgo constante de sobrevivencia para el ciudadano y de pérdidas materiales y conflicto socio-económico para el administrador público en turno.

La respuesta debería ser un protocolo de acción gubernamental y ciudadana. El aparato gubernamental debe tener claro que son menores los costos económico-social-políticos cuando hay prevención, que cuando hay reacción y remediación ante una contingencia ambiental.

El protocolo debe contemplar los sistemas de salud, emergencia, seguridad y sistemas de información, en los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y local. Para un esfuerzo de largo aliento y transexenal, el aparato gubernamental debe considerar que en el futuro la sequía va a prevalecer en el país y en el estado de Tlaxcala y deben tomarse medidas en los ámbitos público y privado con la participación de todos los sectores de la población. Además de que debe ponerse en marcha un plan de acción para enfrentar las lluvias y granizadas de tipo torrencial, que son las pronosticadas a nivel nacional, por efectos océano-atmosféricos. Estas lluvias son y serán una constante en el territorio estatal y sus 60 municipios.

En el espacio rururbano, la disputa por el agua en el estado de Tlaxcala se centra en el uso para las actividades productivas primarias y para el consumo humano. En este sistema, el uso del agua está determinado por su calidad, como en la localidad de Los Reyes Quiahuixclan, municipio de San Juan Totolac, donde el agua no puede ser consumida por la población, por su alto nivel de sales minerales y sólo es empleada para lavado y uso en el sanitario.

Los habitantes de esta localidad afirman que el consumo de agua ha propiciado la muerte de algunos de sus familiares. Existe una increíble pasividad de la delegación en Tlaxcala de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del gobierno estatal y de las administraciones municipales en turno frente al requerimiento mensual de pago por un uso limitado de este contaminado recurso.

Un caso similar ocurre en la localidad de San Luis Apizaquito, en el nacimiento de agua El Ojito, que es empleado para bombear agua a la ciudad de Apizaco; sus escurrimientos conforman la Presa San Luis Apizaquito, ampliamente estudiada por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X).

Esta presa sostiene una incipiente actividad eco-turística, la cual consiste en paseos en lancha por el embalse y actividades de pesca por parte de los miembros de la cooperativa pesquera local, así como pesca ilegal que realizan vecinos que no aportan pago alguno a la cooperativa. El embalse enfrenta un serio problema de azolvamiento por la deforestación cuenca arriba y el arrastre por lluvias, cuenca abajo, lo cual reduce su capacidad productiva en el volumen pesquero.

Estas dos situaciones muestran un escenario complejo y con una tendencia clara a la imposibilidad de hacer uso del recurso agua para el consumo humano en muchas comunidades rurales y urbanas de nuestro estado.

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