Los espacios agrícolas

Nazario A. Sánchez Mastranzo Centro INAH Tlaxcala

Sin duda, Tlaxcala, el estado más pequeño de la República Mexicana, tiene un gran reto: el rescate de su territorio para la agricultura.

Existen datos que permiten observar desde la época colonial el proceso de degradación del suelo y la resistencia de las comunidades en la siembra y explotación exclusiva del maíz como cultivo de subsistencia; sin embargo, la erosión del suelo tiene antecedentes en el Posclásico (1000-1521 d.C.), cuando los habitantes de los pueblos indígenas habían alcanzado un desarrollo en la agricultura intensiva, sobre todo en las márgenes de los ríos perenes que cruzaban la provincia, y –en contraste de la utilización de chinampas, canales y terrazas en las laderas suaves y elaboración de jaguayes y represas– la zona de la Malinche sufría una deforestación importante debido al crecimiento demográfico.

Esta deforestación antigua llevó a la extinción no sólo de plantas nativas de la región, sino también de un número considerable de especies animales que vivían en el bosque de la Malinche. Es importante mencionar que sin duda en esa transición del Posclásico y los primeros años del periodo colonial fue cuando apareció el vasto repertorio de mitos y aspectos rituales en torno al volcán de la Malinche, lo cual se ha preservado a lo largo del tiempo hasta ahora.

En los pueblos del valle persisten aspectos de uso y control del agua que permiten la obtención de más de una cosecha al año, además de la explotación de otro tipo de recursos como árboles frutales, forrajes y cultivos terciados.

Mientras, en los predios ubicados en las faldas de la Malinche no existe una tradición de irrigación, y sigue degradándose el suelo como 500 años atrás, con una erosión que parece no detenerse. El establecimiento de surcos, perpendicular a la dirección del agua cuando corre de la montaña, ha sido insuficiente para evitar que el suelo se vaya volviendo tepetatoso.

Un factor que ha influido en la falta de acciones en favor del suelo es que la zona no fue tocada por el reparto agrario. No obstante que allí estaban asentadas haciendas, el reparto de tierras de la posrevolución no benefició a los pueblos. Está como ejemplo el caso de San Pablo del Monte: sus habitantes solicitaron la dotación de ejidos, pero la autoridad se las negó; dijo que no era procedente debido a que en los días de la revolución ellos habían ocupado por la fuerza los terrenos de las haciendas.

El ver a la tierra sólo como objeto de comercialización ha llevado a la pérdida de la práctica de la agricultura y en muchos de los casos a la lotificación de los terrenos y obtención de ganancias económicas sin mucho esfuerzo. Ello también trae consigo una pérdida considerable de valores culturales que servían como símbolos identitarios.

Así, entonces los nuevos dueños perciben de manera diferente el destino de la tierra y de sus recursos. Ignoran la importancia que tuvo para sus antepasados y la cultura que se construyó en su entorno, incluso cómo es que a partir de ello se elaboró un complejo calendario que se enlaza con el ritual.

Aun cuando en esta zona la población ha tenido acceso a mercados laborales ajenos al agro, la mayoría de los hogares continúa trabajando sus terrenos de cultivo. El ciclo agrícola aquí se divide en cuatro momentos: ciclo de siembra (abril-junio), ciclo de descanso (julio-septiembre), ciclo de cosecha (septiembre-noviembre) y ciclo de preparación de la tierra (diciembre-marzo).

Por su parte, el ciclo ritual es más complejo debido a que en las comunidades persiste la división barrial caracterizada por las fiestas, mismas que constituyen un intrincado intercambio de dones entre los pueblos vivos y las entidades espirituales que protegen tanto a los grupos de parentesco como a los distintos barrios que conforman las propias comunidades.

La lucha de los trabajadores
de Sandak, en Calpulalpan

María Alejandra Olvera Carbajal Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional

Los trabajadores de la empresa de zapatos Sandak han sido víctimas de la explotación e injusticia con que se conducen las trasnacionales en nuestro país, con impunidad garantizada por gobiernos cómplices aliados con el capital.

Esta empresa, filial de Bata Internacional, inició sus actividades en México en 1958, estableciendo varias plantas, una de ellas en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. La planta contaba con 450 trabajadores cuya situación laboral, ya de por sí dura, comenzó a empeorar a partir de 2005, cuando el director general de la empresa, Carlos Casanelo, decidió acelerar la producción por la vía de la maquila domiciliaria, con el fin de abaratar sus costos (a pesar de que el salario era de 111.50 pesos diarios). Pretendía que la gente antes contratada produjera en sus domicilios y a destajo, sin pago de prestaciones ni de seguridad social, en condiciones de trabajo injustas con jornadas extenuantes, ya que para poder alcanzar un salario “suficiente” para vivir se debía involucrar a toda la familia, inclusomenores de edad. Desde luego, ante tales condiciones, el gobierno federal y local nunca tomó cartas en el asunto.

El conflicto se acrecentó cuando en diciembre del 2010, de manera unilateral, la empresa decidió liquidar a 200 trabajadores. En julio del siguiente año, intentó sacar parte de la maquinaria sin previo aviso. Debido a esta violación, los trabajadores decidieron estallar la huelga, sin embargo, la Junta local de Conciliación y Arbitraje rechazó tres veces el emplazamiento, siempre con argumentos que delataban su parcialidad. Pese a ello, el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak comenzó la huelga el 29 de agosto del 2011.

En julio del 2012, el XXVIII Tribunal Colegiado de Circuito rechazó la huelga y declaró su inexistencia. El paso siguiente era que los trabajadores asistieran a su trabajo en 24 horas, y así fue, pero los directivos de la empresa no se presentaron para abrir. Al no haber acudido representantes de la Junta que dieran fe de la ausencia de directivos, la empresa luego argumentó el rompimiento de la relación laboral y depositó los finiquitos de los trabajadores.

En el 2012 un enfrentamiento con el personal de seguridad de la empresa dejó seriamente heridas a tres trabajadoras, causando luego la muerte de una de ellas: María Luisa Hernández Moreno. Ese mismo año, otros diez trabajadores fueron acusados de despojo y se les giraron órdenes de aprehensión. En el 2015 fue encarcelado Epifanio García, secretario de Trabajo del sindicato; lo liberaron cuatro días después. Al poco tiempo, Gustavo Labastida Andriano, secretario general del sindicato fue también encarcelado. Representantes de la empresa ofrecieron su libertad a cambio de que se diera por terminado el contrato colectivo de trabajo, o que pagara la cantidad de 44 millones de pesos (más de 140 años de su salario), para resarcir las “afectaciones” a la empresa.

El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, brindó su apoyo incondicional a la empresa; declaró incluso que, con sus acciones, los trabajadores inhibirían las inversiones en el estado. Promovió de diferentes formas que los trabajadores aceptaran sus liquidaciones a cambio de la liberación del trabajador encarcelado; incluso funcionarios visitaron las casas de los trabajadores para convencerlos y envió policías estatales para que la empresa pudiera sacar sus maquinarias, mismas que servían como garantía de pago en el juicio que los trabajadores tienen con la empresa. Además, los trabajadores han sido boletinados para no ser contratados por otras fábricas de la región.

Al no haber solución, el sindicato inició una campaña de difusión de su conflicto, buscando la solidaridad de organizaciones políticas y sociales; difundió su lucha y la demanda de libertad a su secretario general. El 21 de enero del 2016 se otorgó un amparo por parte del Tribunal Colegiado del XXVIII Circuito, en el que reconoce su calidad de trabajadores y le ordena a la Junta Local de Conciliación que modifique su anterior resolución para reconocerlos como sindicato. Esto ha sido decisivo, pues el 25 de mayo fue liberado Gustavo Labastida, luego de estar preso por poco más de nueve meses. Este mismo año se buscará mandar una comisión para ejercer presión directa a la trasnacional Bata, con sede en Suiza, ya que la empresa Sandak y el gobierno de Tlaxcala no resuelven esta situación injusta.

Sandak ha desmantelado la empresa y ha eliminado la fuente de trabajo de cientos de trabajadores que han sido perseguidos y hasta encarcelados, todo esto con ayuda de las autoridades del gobierno del estado que, como la gran mayoría en nuestro país y en otros, han sucumbido ante el dinero y los beneficios personales que brindan los grandes capitales a costa de la injusticia y la miseria que deben pagar los trabajadores del mundo. Sólo la lucha y la solidaridad podrán hacer que las cosas cambien. Mientras, las banderas rojinegras siguen alzadas sobre la carretera, a la entrada de Calpulalpan, donde los trabajadores y las trabajadoras siguen resistiendo y peleando por justicia.

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