La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos del Código de Justicia Militar, así como del Código Militar de Procedimientos Penales.

Señaló que diversos artículos de los códigos señalados no cubren los estándares constitucionales ni internacionales en la materia, así como en atención a lo interpretado por la SCJN y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual afectaría directamente a casi una veintena de los derechos fundamentales de las personas.

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad promovida, que consta de 189 cuartillas, ambos códigos violentan 12 artículos de la Constitución, seis de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuatro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, entre los 17 derechos que la CNDH estima que son violados los referentes a la libertad personal, de acceso a la información, de libertad de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la protección de datos, a la privacidad o vida privada y a la presunción de inocencia, entre otros, además de los principios pro persona y de legalidad.

Ambos códigos fueron aprobados el pasado 29 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones del Legislativo, en medio de serios cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil; incluso, en contra de una serie de observaciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las organizaciones que han cuestionado estas modificaciones –aprobadas con premura para que pudieran entrar en vigor este 18 de junio con el nuevo Sistema de Penal Acusatorio–, han señalado que éstas llevan a un estado de excepción, al permitir que autoridades judiciales castrenses realicen labores de inteligencia; puedan catear domicilios particulares y oficinas gubernamentales e intervenir comunicaciones, y obligar a civiles, entre ellos niños e indígenas, a comparecer.

Esto se podrá realizar desde la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control –instancias creadas con estas reformas–, en los casos de delitos de disciplina militar relacionados con delincuencia organizada, homicidios dolosos o graves y violentos con armas de fuego y explosivos.

Las ONG han señalado que las reformas se dan justo en el momento en que el Ejército es cuestionado por los muchos casos de violación de derechos humanos que ha protagonizado.