La discusión sobre la regulación de la mariguana se complicó ayer por las modificaciones a última hora al dictamen, que incluyen el cáñamo de la cannabis en la lista de sustancias sicotrópicas, y por la propuesta de legisladores de PAN y PRD de no criminalizar el consumo de esa droga a quienes porten hasta 28 gramos, al cambiar las sanciones penales por administrativas.

La bancada perredista, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarh, y otros legisladores del PAN propusieron elevar a 28 el gramaje permitido de posesión, como se plantea en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, sin que sea considerado delito, sino falta administrativa.

El Código Penal Federal señala que quien porte más de 5 gramos de la yerba para su consumo individual será castigado con cárcel.

Legisladores de PAN y PRD proponen en una reserva al dictamen que el consumidor que sea detenido con más de cinco y hasta 28 gramos de mariguana no se le procece por delito, sino por falta administrativa, y en lugar de cárcel establecer arresto de 36 horas, trabajo comunitario o multa.

Eso motivó que cerca de las 19 horas se decretara un receso hasta este viernes a las 11 de la mañana, para dar tiempo a que las comisiones dictaminadoras lleguen a un acuerdo.

La situación se tensó ayer por la mañana, ya que hasta el Senado llegaron familiares de personas que requieren el uso de medicamentos elaborados a base de cannabis, entre ellos Raúl Elizalde, padre de la niña Grace –que necesita fármacos a base de cáñamo–, quien advirtió que incluir esa sustancia sicoactiva que tiene una ligera composición de THC menor a uno por ciento de tetrahidrocannabinol, bajo un régimen de control sanitario estricto, requerirá una autorización sanitaria para comprar o importar el medicamento.

¡Si lo van a aprobar así, mejor no aprueben nada!, gritó molesto. Al respecto, el panista Jorge Luis Preciado sostuvo que ese cambio en el dictamen se introdujo a petición expresa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y debe eliminarse del dictamen.

Ayer por la mañana, priístas, panistas y perredistas, así como la senadora independiente Martha Tagle trataron de llegar a un consenso en el tema de la descriminalización de los consumidores, con el objetivo de liberar a miles de mujeres que se encuentran en prisión por haber sido detenidas portando más de cinco gramos de mariguana, a las que el crimen organizado utiliza como burreras, y a jóvenes recluidos también por poseer más de la cantidad permitida.

Gil Zuarth explicó que hay diferencias en el dictamen porque la Cofepris recomendó que se pusiera el cáñamo en la lista de sustancias prohibidas en el país, lo que significa “incluir toda la planta, no sólo la sustancia sicotrópica“.

Ello encarecería los productos medicinales y los suplementos alimenticios que se importan para la atención de algunos pacientes, como es el caso de la niña Grace.

Se espera que hoy se llegue a un acuerdo entre los grupos parlamentarios, antes de iniciar la sesión.