El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer un paquete de reformas –llegaron como minutas del Senado– en materia penal, que van desde endurecer la persecución al crimen organizado y atenuar el sistema penal para adolescentes, hasta la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que define las normas para el internamiento por prisión preventiva.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra (PRI), expuso que el propósito de dicha ley es precisar las reglas de la prisión preventiva o de sentencia para que se ejerzan con respeto a los derechos humanos bajo el principio de reinserción social.

Así, se define que el juez de ejecución deberá garantizar que la privación de la libertad de procesados y sentenciados se aplique sin abusos ni privilegios. Incluye permisos humanitarios de salida de reos por enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino, y asegurar el respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad.

Durante la discusión de las reformas a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que considera la investigación ministerial a contribuyentes en auditorías que realice la Secretaría de Hacienda, Víctor Sánchez (MC) expresó que se dota al sistema de justicia de nuevas herramientas ‘‘para combatir la principal amenaza que tiene el país y el gobierno no ha podido detener su avance’’.

Ernestina Godoy (Morena) expuso que su bancada propuso definir que los nuevos tipos penales, específicamente el de considerar delincuencia organizada planear y participar en un delito, no se traslade a la persecución de protestas sociales o medio de contención social.

Por su parte, Apolinar Casillas (PAN) propuso que las nuevas técnicas de investigación, como el seguimiento de personas, sean aplicadas de manera correcta y bajo el principio de presunción de inocencia y el debido proceso,

En el caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consideró que enfrentará problemas para su aplicación porque, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevalece una alarmante sobrepoblación de hasta 25 por ciento en las prisiones, además de que más de la mitad opera con autogobierno.

A su vez, el diputado Emiliano Álvarez (Morena) dijo que el sistema carcelario enfrenta una profunda crisis vinculada a la corrupción, impunidad, pobreza e ineficacia en la procuración e impartición de justicia.