A unos días de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aseveró que los derechos humanos deben ser respetados de manera absoluta por toda autoridad, porque ‘‘no son requisitos u obstáculos para la justicia’’, sino la única garantía de que cualquiera de nosotros sea juzgado por las leyes, por tribunales y conforme al debido proceso legal ‘‘sin tortura, sin presión, sin simulaciones ni engaños’’.

Eso es precisamente ‘‘lo que queremos todos los mexicanos: evitar la arbitrariedad’’, sostuvo al encabezar la ceremonia en la que se puso en funciones ayer el nuevo sistema penal oral y acusatorio en materia federal en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y el archipiélago de las Islas Marías, con lo que el Poder Judicial de la Federación informó que cumplió al ciento por ciento en la creación de instalaciones y en la preparación de los juzgadores para este reto en materia de justicia.

En una ceremonia realizada en la sede del máximo tribunal, Aguilar aseveró que sin el debido proceso legal ‘‘cualquiera de nosotros correrá el riesgo de ser declarado culpable sin haber sido realmente juzgado por sus actos, sino por apariencias, por decires de terceros’’.

Los derechos de la persona no se negocian, no se someten al criterio publicitario, subrayó el ministro ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez González; ministros, consejeros de la Judicatura Federal y representantes del Congreso de la Unión, a quienes dijo que si bien la etapa de implementación de la reforma ha sido exitosa, ‘‘no se debe caer en la autocomplacencia’’, porque apenas es un puerto de carga y ‘‘ante nosotros tenemos la vastedad del mar’’.

En tanto, la procuradora Arely Gómez y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, coincidieron en señalar que la reforma que entra en vigor a partir del próximo 18 de junio respondió a la necesidad de superar un sistema de justicia penal ‘‘que no cumplía con sus objetivos de brindar una justicia pronta, expedita, imparcial, y sobre todo en la que confiaran las personas.

Agregaron que una vez que entre en vigor el nuevo sistema ‘‘se inicia la etapa de consolidación’’ , la cual obligará a todos los sectores involucrados a un ejercicio de autocrítica respecto de la actuación de los servidores públicos en el procedimiento penal.

Gómez precisó que se requerirá que las instituciones de seguridad pública y procuración e impartición de justicia fomenten la correcta observancia de los protocolos nacionales de actuación, así como la capacitación y profesionalización permanente de nuestros servidores públicos.

Para garantizar el éxito, añadió, debemos trabajar en transmitir a la ciudadanía sus beneficios, bondades y desafíos. La procuradora puso de ejemplo del nuevo sistema el hecho de que ‘‘hoy la prisión preventiva es la excepción, no la regla’’, así como las 609 resoluciones mediante la suspensión condicional del proceso, lo que significa que el acusado presenta una opción para reparar el daño a la víctima y se resuelve el proceso, comprometiéndose a cumplir con las restricciones impuestas por el juez.

A su vez, Osorio Chong agregó que ‘‘si bien hemos dado el primer paso hacia una forma de procurar e impartir justicia, está pendiente el reto de la consolidación para que cada quien, en el ámbito de su competencia, evalúe, perfeccione y capacite a los operadores del nuevo sistema de manera permanente’’.

Apoyo a jueces federales

Aguilar Morales, por su parte, reconoció que este nuevo modelo implica ‘‘riesgos’’, y dejó en claro que ello exigirá a las policías y al Ministerio Público cumplir con la ley y respetar los derechos desde el momento mismo de la detención.

En su discurso, el ministro salió nuevamente en defensa de los jueces federales al cuestionar a quienes ‘‘sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto critican fuera de contexto’’ las decisiones de los juzgadores.

‘‘No se trata de legalismos, no son tecnicismos, son compromisos del Estado mexicano para garantizar a sus ciudadanos seguridad jurídica y convivencia.

‘‘Ignorar la ley diciendo olímpicamente que son sólo cuestiones de leguleyos, es ignorar que queremos vivir en un estado de derecho, donde sepamos todos que la ley nos guía y nos protege de la arbitrariedad’’, subrayó.