hilapa es un municipio castigado por la delincuencia organizada y olvidado y engañado por los gobiernos estatal y federal.

Sus habitantes ya no saben a qué autoridad acercarse ni a qué santo encomendarse, porque si bien es cierto que estado y Federación los han escuchado y prometido soluciones, los resultados favorables no hacen su aparición; en consecuencia, familiares de muertos, desaparecidos y asediados están temerosos y angustiados, pero también indignados.

En otro intento por alcanzar la justicia, que por todos lados se les evade, este miércoles familiares de los desaparecidos recurrieron al personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para quejarse de que a más de un año de buscar a sus parientes, no hay resultados.

Además, pidieron su intervención para que el gobierno federal refuerce la seguridad ante el recrudecimiento de la violencia.

En realidad, los chilapeños no tendrían razón si se quejaran de que el gobierno no les ha hecho caso, pues en cuatro ocasiones por lo menos, personal de la Procuraduría General de la República (PGR), que ha incluido peritos, agentes del Ministerio Público, policías federales, entre otros, ha estado en Chilapa, donde ha levantado denuncias y supuestamente ha llevado a cabo investigaciones.

También la Federación puso en marcha un operativo con la participación de cuando menos 4 mil militares y policías.

No obstante, ni los desaparecidos retornan a sus casas ni los delincuentes han sido detenidos; en cambio, acosan, secuestran y matan cada día a más chilapeños.

Es un grito desesperado de los habitantes ante la ONU, preñado de angustia y terror, aun sabiendo que el gobierno recibe y atiende las recomendaciones de organismos internacionales defensores de la libertad y los derechos humanos, pero no las acata. Escucha sin oír.

Parece, pues, que las víctimas de la violencia y la inseguridad ya no tienen otra puerta que puedan abrir que la resignación a no encontrar a sus familiares, a no tener justicia, a esperar calladamente que el crimen emita su veredicto sobre sus vidas, porque la suya es la única palabra que vale, en tanto el Estado tal vez quiera, pero no puede, o quizás puede, pero no quiere.