Frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos igualmente por elementos de las fuerzas de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada, el gobierno mexicano debe crear una entidad de investigación con integración internacional, que tenga el poder de indagar y perseguir de manera independiente este tipo de delitos atroces y casos de gran corrupción.

En la presentación del informe Atrocidades innegables, elaborado por la organización Open Society Justice Initiative, su director, James Goldston, se refirió a la enorme impunidad con la que se cometen estos crímenes. Dijo que en siete años –de 2007 a 2013– sólo se abrieron 29 averiguaciones por el delito de asesinatos cometidos por miembros castrenses, pero ninguno concluyó en condena.

Propuso una serie de recomendaciones, entre las que están la necesaria salida de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, así como la creación de equipos especializados en investigar desapariciones, y la creación de servicios forenses con plena autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR).

El informe, que da cuenta de 150 mil muertes intencionales desde diciembre de 2006 a finales de 2015, con más de 26 mil desapariciones y 580 mil secuestros, concluye que hay elementos suficientes, conforme a los principios de la Corte Penal Internacional, para afirmar que fuerzas de seguridad gubernamentales eintegrantes del crimen organizado han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil.

Elaborado en colaboración con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos y de la sociedad civil, el documento de Open Society considera que la entidad de investigación internacional debe tener un mandato renovable y lo suficientemente largo en primera instancia –por lo menos más allá de un periodo presidencial–, a fin de garantizar que contará con el tiempo necesario para llevar a cabo indagatorias completas, labores de análisis y elaboración de informes.

En la presentación, representantes de diversas organizaciones advirtieron que un Estado que no investiga los crímenes del pasado, ni tampoco los del presente, es un Estado verdaderamente autoritario.

Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas, aseguró que no existe voluntad política para investigar los crímenes atroces, mientras Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, dijo que México es el primer país donde ocurren tres masacres de inmigrantes –el asesinato de 72 en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; 193 más en el mismo municipio, en 2011, y la de Cadereyta, un año después– y todos quedan impunes. Estos, añadió, no son crímenes aislados y el gobierno es responsable.

José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que este informe no es un acta de acusación contra el gobierno mexicano, sino un llamado de atención para poner fin a estas atrocidades y terminar con la impunidad.

Dentro de las reacciones al informe, la organización Human Rigths Watch (HRW) indicó que el gobierno mexicano ya no puede seguir ignorando la crisis de derechos humanos que vive el país, con la esperanza de que sencillamente desaparezca de manera fortuita.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, afirmó que este documento brinda una de las evaluaciones más sistemáticas y devastadoras de la crisis de derechos humanos en México que se han elaborado hasta hoy.