n casual sincronía con las elecciones estatales mexicanas, hoy domingo los peruanos van a las urnas para decidir en balotaje quién será el presidente por los próximos cinco años, sucediendo a Ollanta Humala, quien sale cabizbajo, perseguido –él y su primera dama– por una gran impopularidad y algunos problemas judiciales.

En la primera vuelta del 10 de abril, Keiko Fujimori (41 años), hija del ex dictador encarcelado por matanzas, desfalco a la nación y graves violaciones a los derechos humanos, había obtenido 39.81 por ciento de los votos válidos, mientras que Pedro Pablo Kuczynski (77 años), financista neoliberal que ya fue secretario de Economía y Finanzas y jefe de gobierno en la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006), sólo alcanzaba 20.97 por ciento de las preferencias.

La arrolladora victoria de Keiko Fujimori en la primera vuelta, además de ponerla en una envidiable pole position en la carrera presidencial, ha permitido a su partido, Fuerza Popular, copar el Poder Legislativo conquistando 73 curules de las 130 del Congreso unicamaral frente a las 18 de PPK.

Las ocho semanas que separan la primera de la segunda vuelta electoral, caracterizadas por un duelo sin exclusión de golpes, han visto pasar mucha agua, no siempre limpia, bajo los puentes.

La revelación de Jesús Vásquez, ex colaborador de la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos, de que Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, se habría jactar con él, en una conversación telefónica grabada, de haber lavado 15 millones de dólares para la campaña de Keiko en 2011, ha caído como bomba en un contexto ya bastante polarizado.

Las hebras de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico se trenzan estrechamente alrededor de los fujimoristas y emergen independientemente de la contingencia electoral.

En mayo de 1996, en el avión presidencial de Alberto Fujimori, se encontraron 174 kilos de clorhidrato de cocaína, descubrimiento que llevó a la cárcel a 28 oficiales de la fuerza aérea peruana y un edecán presidencial, pero nunca llegó al propio mandatario.

En marzo de 2013, en un almacén del Callao, puerto de Lima, propiedad de Kenji Fujimori, hermano congresista de Keiko, fueron encontrados 91 kilos de cocaína, sin que se le persiguiera o investigara, gracias a su inmunidad parlamentaria.

Las recientes denuncias del piloto peruano Jesús Vásquez desde Estados Unidos, sobre el lavado de activos de Fuerza Popular, hechas, según sus declaraciones, para que una banda criminal no llegue a controlar mi país, han destapado toda una serie de vínculos entre Joaquín Ramírez y sus familiares –en particular su millonario tío Fidel, dueño y rector de la ubicua universidad Alas Peruanas– con el mayor narcotraficante de Perú, Miguel Arévalo Ramírez, apodado Eteco.

La propia DEA, normalmente parca en cuanto a declaraciones, ha admitido la existencia de una investigación denominada Operation untouchables, the Arevalo drug trafficking organization, iniciada en 2011 y aún no concluida, que involucra a Joaquín Ramírez y su tío. Al mismo tiempo, quizá para no interferir directamente en el proceso electoral peruano, la agencia estadunidense ha declarado que no tiene ninguna investigación en curso que concierna a Keiko Fujimori.

Estas revelaciones se suman al hecho de que 11 neocongresistas de Fuerza Popular están siendo investigados –esta vez en Perú– por delitos que van de robo agravado a falsedad ideológica, pasando por el lavado de activos. Por este último ilícito, un fiscal peruano está indagando a la propia candidata presidencial y su marido.

Para completar un enredo digno de la pluma de Leonardo Sciascia, unos días después del provisorio alejamiento de Joaquín Ramírez, segundo a bordo, de la secretaría del partido –un paso al costado, dado con mucha demora–, un programa televisivo irónicamente titulado Las cosas como son difundía el audio de una llamada entre Jesús Vásquez y un conocido suyo en el cual el ex informante de la DEA parecía desmentir las revelaciones sobre el lavado de activos de Keiko Fujimori. Pena que la grabación de la llamada, evidentemente auténtica, había sido groseramente manipulada, borrando la frase clave: Es que no es falso. Todo es verdad.

La innoble triquiñuela, que a muchos ha hecho recordar las falsificaciones y la compra de medios practicadas en la década de la dictadura fujimorista, ha logrado embarrar a José Chlimper, empresario que ha asumido la secretaría de Fuerza Popular en sustitución de Joaquín Ramírez y es actual candidato a la vicepresidencia.

Chlimper, quien cuando fue secretario de agricultura hacia el final del gobierno de Alberto Fujimori modificó la ley de exportación agropecuaria en sentido antilaboral y amenazó con disparar a los huelguistas, tuvo que admitir que fue él quien entregó a los conductores del programa televisivo el audio editado, escudándose en la increíble explicación de que ignoraba su contenido. Si no hubiera sido por la valentía de la joven periodista Mayra Albán, quien ha revelado la existencia de una grabación original que desmentía el audio falsificado, la turbia maniobra de los naranjas –el color de los fujimoristas– hubiera tenido éxito.

El talante autoritario de la dictadura, las falsificaciones mediáticas, la manipulación de la justicia, el latrocinio sistemático de los bienes públicos, la compra de las conciencias y de los votos, los abusos de autoridad han reaparecido así, como por encantamiento, rompiendo la máscara electoral de un nuevo fujimorismo.

Las manifestaciones oceánicas del 31 de mayo en Lima y en muchas ciudades del sur, en contra de un temido regreso de los Fujimoris al poder, han coreado unos poderosos No a Keiko y “No al narcoEstado”, en aparente contradicción con las encuestas que favorecen a Keiko por hasta cinco puntos porcentuales.

El antifujimorismo, que enarbola las banderas de la memoria histórica y de la preservación de la democracia, no tuvo otra opción que respaldar la candidatura de Kuczynski, aunque a veces de muy mala gana y tapándose la nariz.

Hay quien describe la actual confrontación, llegada a un punto verdaderamente álgido, como una lucha entre el Perú de los honestos y el país de los transas. La toma de posición de última hora de Verónika Mendoza, candidata de la izquierda que no logró llegar a la segunda vuelta por sólo dos puntos porcentuales pero conquistó 20 curules en el Congreso, invita explícitamente a votar por PPK, luego de cierta reticencia.

Renuencia más que comprensible, si se considera que Pedro Pablo Kuzcynski, aunque animado por buenas intenciones hacia los excluidos y opuesto al regreso de una dictadura, representa los intereses de los grandes capitales, las corporaciones trasnacionales y Estados Unidos.

* Periodista italiano