on días tensos, tumultuosos, imprevisibles. El gobierno interino de Michel Temer repite esfuerzos para legitimarse, mientras sigue cometiendo un sinfín de torpezas que no hacen más que enturbiar un ambiente ya altamente nebuloso.

El gobierno interino de Temer es, principalmente, una formidable secuencia de equívocos. Legitimarse a los ojos de la opinión pública se hace tarea especialmente ingrata.

La más reciente demostración de torpeza ha sido oficializar, el pasado viernes, a la nueva secretaria de Derechos de la Mujer. Si antes tal secretaría tenía rango ministerial, ahora pasó a ser una dependencia más del Ministerio de Justicia.

La elegida por Temer, Fátima Pelaes, despertó, de inmediato, reacciones adversas. Nombrada para defender los derechos de la mujer, Pelaes, una autonombrada pastora evangélica, se declaró contraria al derecho constitucional a abortar en casos de embarazo resultante de violación y estupro. Pero pronto se supo que, además de ser contraria a un derecho constitucional de la mujer, Fátima Pelaes responde a juicios por desvío de recursos de enmiendas parlamentarias al presupuesto nacional. Además de ultraconservadora, delincuente.

Otro impacto a la opinión pública surgió a raíz de pura mezquindad dirigida a la mandataria electa y ahora apartada temporalmente de la presidencia. Temer suspendió hasta la compra de alimentos para el Palacio de la Aurora, la residencia presidencial, cuyo uso está asegurado a Dilma Rousseff por ley. Hasta los contratos para la adquisición de flores fueron cancelados.

La torpeza, las alianzas espurias, los nombramientos absurdos y las demostraciones de extrema mezquindad, practicadas por quienes hasta hace un mes eran aliados e integraban el gobierno de Dilma Rousseff, son sólo una de las características del verdadero rostro de los golpistas.

Mientras el país se distrae con semejantes actitudes, surgen, por detrás del escenario, las verdaderas causas y los reales objetivos del golpe institucional contra la presidenta.

Es importante entender que el país vive hoy bajo los ventarrones de una operación jurídico-policial destinada, originalmente, a desmontar esquemas de corrupción incrustados en empresas estatales, cuyo epicentro estaba (o está) en Petrobras, y que se desvirtuó totalmente.

Las investigaciones, comandadas por un juez de primera instancia y carrera mediocre, Sergio Moro, impactaron y entusiasmaron a los sectores de clase media, fuertemente alimentados por los medios hegemónicos de comunicación. Se creó así la sensación de que bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados se estableció la corrupción desenfrenada en un territorio antes angelical o casi.

Los métodos francamente policiacos de los operativos quisieron convencer al público de que por primera vez poderosos empresarios y veteranos caciques políticos estaban bajo la implacable e incorruptible lupa de la ley. Sería el fin de una larga historia de impunidades y privilegios.

Por conveniencia no se mencionan los desvíos de conducta y las violaciones de derechos elementales de los investigados y acusados. Y menos se critica la clarísima selectividad de lo que se divulga. Las investigaciones se concentran claramente –en este orden– en el PT, Lula da Silva y los partidos aliados. Cuando se trata de denuncias contra el Partido de la Social Democracia Brasileña, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, impera el silencio cómplice de los medios de comunicación y, claro, de la justicia.

Otro punto altamente polémico: se detiene al sospechoso por tiempo indeterminado, hasta que él se disponga a recurrir a la delación premiada, o sea, contar lo que sabe e inventar lo que no sabe, con tal de incriminar a los blancos del operativo jurídico-policial. A cambio, el premio: reducción drástica de la condena.

Ahora mismo el presidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, enfrenta enormes dificultades para que su propuesta de delación premiada sea aceptada por la justicia. Él insiste en que no tiene cómo acusar directamente y con pruebas, o al menos indicios concretos, al ex presidente Lula da Silva.

Llama la atención el silencio obsequioso del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de justicia, frente a semejante descalabro llevado a cabo por los fiscales del ministerio público, la policía federal y el juez Sergio Moro. ¿Sería cobardía o complicidad?

Mientras el país se pierde en esos laberintos, los verdaderos objetivos del golpe surgen de manera discreta. Pedro Parente, exponente del neoliberalismo derrotado en las urnas, ahora en la presidencia de Petrobras, anunció un plan de desinversiones, o sea, de venta de activos. También se buscarán socios inversionistas tan pronto se cambie la ley del sector. Léase: Petrobras perderá la soberanía sobre los yacimientos descubiertos gracias a sus esfuerzos en el presal, aguas ultraprofundas, para las multinacionales del sector.

El equipo económico anuncia un urgente plan de asociaciones para invertir, que traducido al idioma corriente significa un amplio proyecto de privatizaciones de lo que sea. Detrás del golpe encubierto por una farsa jurídica, lo que existe es eso: abrigo para los corruptos de siempre y la venta del país al gran capital.