l clamor contra la corrupción/impunidad es tal, que hasta los corruptos están exigiendo que se haga justicia. Hace unas semanas un conferencista ofreció la solución: Si el gobierno mete a la cárcel a 10 de los más corruptos, de golpe se acabaría el problema. La audiencia aplaudió. Valdría la pena pensarlo mejor: sería difícil que lo hiciera el Presidente actual o uno que surja de la coalición PRI/PAN/PRD. Para empezar, habría que medir los obstáculos legales. Las leyes están hechas para hacer difícil la justicia. Los altos funcionarios públicos federales y locales están protegidos por el fuero. Las sanciones para los delincuentes dependen de un entramado penal impresionante. Habría que pasar por el filtro de la Auditoría Superior de la Federación, las procuradurías locales y federales, juicios políticos y cumplir condiciones complicadas para proceder contra los corruptos públicos o privados.

La transparencia y anticorrupción están incluidas en la Constitución (2015). La legislación secundaria no desarrollará esos principios. Si un presidente del sistema pudiera atravesar la selva legal, se encontraría con que los 10 más corruptos tienen compadres en la oligarquía y la clase política y que los efectos de meterlos al bote podrían conmover a todo el sistema y a la propia Presidencia. Recuerden a Miguel de la Madrid y su Renovación moral de la sociedad. El sistema no puede autocorregirse porque, como dijo Gabriel Zaíd, no es que esté afectado por la corrupción, sino que es la corrupción.

¿Podríamos pensar que un presidente que surgiera fuera del sistema, sin compromisos y sin cola que le pisen, podría aplicar la receta de 10 al bote? No sería fácil. Olvídense del laberinto legal, sino la peligrosa reacción de millares de corruptos asociados con los 10 peores (fuga de capitales, golpe a la brasileña, hasta insurrección militar y atentados).

Quizás el presidente de origen impecable prefiera decir lo pasado, pisado, borrón y cuenta nueva, y se proponga que a partir del momento de asumir el mando, en adelante habrá nuevas reglas y los que metan la mano irán a la cárcel, empezando por sus colaboradores cercanos (así hizo AMLO en el DF). Este líder tendrá que usar sus recursos para estabilizar las reformas y no para perseguir a sus adversarios. Sólo una rebelión armada podría hacer una justicia tabla rasa. Eso es indeseable para los que queremos que la transición termine sin sangre, sudor y lágrimas.

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