Desde el gobierno, en complicidad con las grandes empresas, se ejerce una persistente política de despojo de la tierra, agua, bosques y recursos naturales, en medio de la criminalización de la protesta social, una grave crisis de derechos humanos e impunidad presentes en el país.

De acuerdo con el testimonio y experiencias de diversos actores y movimientos sociales de diferentes luchas, ésta es la realidad que priva hoy en México, donde las resistencias de los pueblos también se multiplican y tienen frenados múltiples proyectos privatizadores y extractivistas, muchas veces a costa de la muerte y encarcelamiento de luchadores sociales y activistas.

Como parte de los festejos por el 20 aniversario de Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz), organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz, se reunieron representantes de los movimientos de Atenco, Xochicuautla, San Francisco Magú, de las Policías Comunitarias de Guerrero, del Consejo Indígena Náyeri y del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En la mesa de análisis Desafios para la lucha por la justicia y la reconstrucción de paz frente al creciente autoritarismo y a la crisis de derechos humanos, coordinada por Alberto Solís Castro, director de Serapaz, los ponentes narraron la lucha que dan desde cada una de sus organizaciones, en las que el común denominador es el despojo de los bienes naturales y la criminalización de la protesta social.

Así, Berenice Sánchez, de San Francisco Magú, se refirió a la amenaza que para su comunidad indígena en el estado de México, representa el mega proyecto inmobiliario de 11 mil viviendas sobre un territorio de más de 184 hectáreas de bosque. La lucha lleva más de 3 años, y aunque por el momento se logró frenar la obra, ya se perdieron 15 hectáreas de bosque.

O el caso del Consejo Indígena Náyeri, cuyo integrante Julián López Cánere, señaló que se oponen al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro, autorizado por la Secretarían del Medio Ambiente