‘‘Más de 80 por ciento del dinero que usan los candidatos son fondos ilícitos en México’’, país que sufre ‘‘un tsunami de delincuencia organizada con delitos electorales asociados’’, señaló Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

En conferencia de prensa, junto con agrupaciones que el próximo domingo realizarán observación electoral en algunas entidades, el especialista en seguridad se manifestó porque se profundicen los mecanismos de auditoría social electoral, como ocurre en países como Argentina, Brasil y Colombia, ‘‘que sufren el embate de la delincuencia organizada’’.

En el Club de Periodistas, Buscaglia resaltó la participación de la sociedad civil en el proceso electoral. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), aseguró, cuenta con un presupuesto ‘‘premeditadamente bajo para que se ahogue a la institución y no pueda actuar de manera adecuada para romper el pacto de impunidad política’’.

El especialista señaló que ‘‘las faunas políticas que cometen todo rango de anomalías electorales, que por ejemplo en el caso de Veracruz pasa del desvío de fondos hasta la distribución de bienes y servicios públicos, involucra directamente a la delincuencia organizada’’.

Señaló que en la citada entidad ‘‘hay una mezcla de zetas, del cártel Jalisco Nueva Generación, grupos ligados a Sinaloa, como Ántrax y Nueva Gente, colocando a sus operadores, trabajando con los partidos para coaccionar o acarrear los votos a los candidatos mafiosos que colocan’’.

Planteó que con mecanismos de auditoría social electoral debe monitorearse la recaudación de dinero privado y público ‘‘que después se manifiesta en la compra del voto’’, así como el estado financiero tanto de partidos como de candidatos.

Por su parte, Jorge Serrano Arenas, de la organización Tendiendo Puentes, expuso que mantienen comunicación abierta y directa con la Fepade para presentar denuncias sobre ilícitos electorales, y lamentó la denostación en que han incurrido partidos y candidatos. También cuestionó gastos excesivos de cierre de campaña, como en Tamaulipas. ‘‘Grupos musicales que los acompañaron cobran más de 200 mil pesos por presentación’’.