as campañas electorales basadas en guerra sucia tienen efectos perjudiciales para la democracia, degradan a los partidos y a los candidatos, aumentan la desconfianza ciudadana y hacen del abstencionismo una mejor opción. El sello del proceso electoral próximo a culminar fue la aparente ausencia de propuestas –de las cuales hubo bastantes. Sin embargo, la abundancia exagerada de descalificaciones, denostaciones y ataques contra los candidatos, su vida personal o su familia, fue lo que más reflectores atrajo.

Después de la controvertida elección presidencial de 2006, se aprobó la reforma político-electoral de diciembre de 2013, que restringe e impone sanciones a partidos y abanderados que incurrieran en mensajes denigratorios. El ideal no se logró, no se acabó la guerra sucia y nuestras instituciones demostraron que no cuentan ni con la fuerza ni con los elementos, y quizás tampoco con la voluntad para acabar con los viejos vicios que en nada abonan a la democracia.

Mientras tanto, en las 12 entidades que elegirán gobernador el 5 de junio hay pendientes que resolver. Con la finalidad de conocer cuáles son las problemáticas más apremiantes de cada estado, en el plano económico, el think tank México ¿Cómo Vamos? construyó la herramienta denominada Semáforos económicos electorales, en la cual evaluó siete variables económicas durante el periodo de la administración saliente. http://bit.ly/1NSwKaX

A continuación detallaré algunas que considero las más relevantes. En la variable de crecimiento económico, los estados más sobresalientes fueron Aguascalientes y Quintana Roo, con una tasa anual promedio superior a 5 por ciento, mientras Zacatecas, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Tamaulipas no superaron 3 por ciento, pero Veracruz tuvo el peor resultado, con 1.4.

En lo que respecta a la generación de empleos, nuevamente sobresale Aguascalientes, superando su propia meta con 108 por ciento de nuevos trabajadores formales registrados ante el IMSS; le siguió muy de cerca Chihuahua, con 95 por ciento. Por otro lado, los gobiernos de las siguientes entidades no alcanzaron siquiera 35 por ciento de su meta: Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Tlaxcala, y muy rezagados quedaron Oaxaca, con 17 por ciento, y repitiendo en último lugar, Veracruz, con 16 por ciento, pues durante todo el sexenio generó sólo 11 mil 590 empleos de los 74 mil 700 proyectados inicialmente.

Las administraciones de ciertos estados que resultaron bastante deficientes en la generación de empleos y crecimiento económico, no lo fueron en cambio en el aumento de la deuda pública, como Oaxaca, Zacatecas y Veracruz, que la incrementaron hasta dos puntos como porcentaje del PIB estatal; no obstante, algunos estados se sobrepasaron, como es el caso de Chihuahua, que pasó de 4.6 a 8.3 por ciento.

En lo que respecta a la medición del estado de derecho, la ONG advierte que no existe una única forma de hacerlo en México a nivel estatal, y que los esfuerzos por lograrlo son muy preliminares y podrían clasificarse en dos enfoques: 1) cumplimiento de contratos y 2) eficacia del sistema de justicia. Con base en sus resultados en la variable del estado de derecho, las entidades mejor calificadas son Durango, Quintana Roo y Aguascalientes. En el otro extremo, las que tienen menores porcentajes son Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.

En este contexto, corresponde abordar los factores de inseguridad y violencia. Partidos políticos y candidatos han alertado en diversas ocasiones sobre posibles escenarios de riesgo durante el desarrollo de la próxima jornada electoral, ya que la intimidación latente y explícita en ciertas regiones ha provocado la renuncia de abanderados por temor y presiones del crimen organizado.

El propio Instituto Electoral de Tamaulipas reconoció la renuncia de 52 candidatos a diversos puestos de elección popular en municipios de esta entidad, presuntamente por presión de grupos delictivos. No obstante, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien apenas el pasado 8 de abril admitía focos rojos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, por la presencia de grupos criminales, a una semana de las elecciones cambió su discurso y advierte que “no hay focos rojos, sino de alerta”. http://bit.ly/1sdQk7C

Por el contrario, partidos políticos manifiestan abiertamente tener identificados focos rojos donde la violencia, el crimen organizado y la intromisión de los gobiernos estatales podrían ocasionar incidentes. Por ejemplo, el PRI lo denuncia en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. El PAN advierte lo mismo y agrega Quintana Roo a la lista.

La realidad es que el problema de la inseguridad es percibido como grave por la mayoría de los mexicanos. La recién publicada Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi lo confirma, ya que a 66.4 por ciento de los entrevistados les preocupa mucho la inseguridad que azota a México. Esto indiscutiblemente afecta la vida cotidiana, es decir, el desarrollo de los comicios electorales. http://bit.ly/1YYZDCE

En este sentido, el análisis publicado de cara a las elecciones por el think tank CIDAC, dirigido por Luis Rubio: Hoy la violencia también vota, advierte que en México, con el alza de la violencia y la inseguridad durante los procesos electorales, las posibilidades reales de competir se han acotado debido a lo peligroso que representa ser candidato en ciertas localidades del país. http://bit.ly/1TZCGOm

Finalmente, según las encuestas disponibles, se avecinan números muy cerrados en varias entidades, como es el caso de Veracruz, aunado a ello están las acusaciones mutuas entre los partidos y sus candidatos respecto de acciones irregulares para obtener el triunfo a toda costa; estos factores pronostican la judicialización de las elecciones.

*Analista en temas de seguridad, justicia, política y educación.