La comunidad indígena me’phaa de San Miguel del Progreso, Guerrero, reprochó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haber perdido la oportunidad histórica de proteger los derechos colectivos de los pueblos originarios frente a proyectos extractivistas, al desechar un amparo en revisión en contra de dos concesiones mineras en su territorio.

Con esta decisión, los ministros de la primera sala de la SCJN evitaron entrar al fondo del asunto, que es discutir sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley Minera, y fijar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, señalaron representantes de la comunidad ubicada en la zona de la Montaña guerrerense.

Además, acusaron que la Secretaría de Economía, la industria minera y las empresas concesionarias buscaron siempre detener la discusión sobre la Ley Minera que vulnera los derechos colectivos indígenas de todo el país.

En febrero de 2015, el pleno de la primera sala acordó por unanimidad atraer el casode un amparo en revisión que promovió la comunidad indígena, después de que el gobierno había impugnado una sentencia inédita en primera instancia, que reconocía el derecho a la consulta y los derechos colectivos de la comunidad que habían sido violados al haberse entregado, sin consulta previa, dos concesiones mineras a empresas privadas.

Sin embargo, tras este revés inicial, las empresas nacionales e internacionales, Zalamera y Hochschild, dueñas de los títulos mineros, decidieron no ejercer la concesión y se retiraron. Actualmente la SCJN, con el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández, sobreseyó el amparo sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso habían sido canceladas.

Ahora toca a la juez primera de distrito del estado de Guerrero mantener su decisión inicial de proteger los derechos colectivos del pueblo indígena, pues la Secretaría de Economía ya comenzó de nueva cuenta el proceso para entregar al mejor postor las concesiones que le fueron regresadas. Es decir, la Corte no entró al fondo del asunto y la comunidad deberá nuevamente inconformarse cuando sean entregadas estas concesiones a otras empresas, que afectarían a unas 240 comunidades y más de 168 mil hectáreas.