e acuerdo con una investigación periodística divulgada por este diario en la semana en curso, el gobierno de Puebla, que preside Rafael Moreno Valle, transfirió sin licitación de por medio los servicios de agua potable y alcantarillado de varios municipios de ese estado, incluida su capital, a la empresa privada Concesiones Integrales SA de CV, lo que ha causado una grave afectación a unos 475 mil hogares y a las finanzas de la entidad.
Según la información divulgada, el último día de 2012 Moreno Valle logró, merced a negociaciones secretas con las fracciones legislativas del congreso estatal, la aprobación de una nueva Ley de Agua, que abrió la puerta a la privatización del servicio. Nueve meses más tarde, el Ejecutivo local, por medio de los Sistemas Operadores de Agua y Alcantarillado de Puebla (Soapap), convocó a una licitación en la que resultó ganador un consorcio de tres compañías que de inmediato hizo una cesión de derechos a Concesiones Integrales, la cual se constituyó legalmente tres días antes de la licitación. En la maniobra están involucrados, además del propio gobernador saliente, el entonces alcalde poblano y actual candidato oficialista a la gubernatura, José Antonio Gali Fayad; el ex secretario de Gobierno y ahora diputado federal perredista Luis Maldonado Venegas, y Julio César Lorenzini, secretario de Desarrollo Rural de la entidad, además de la financiera Monex.
La concesión, por 30 años, preveía una contraprestación de mil 726 millones de pesos, suma cuyo destino se desconoce y que fue recuperada en menos de tres años de operación por la concesionaria, la cual ha tenido utilidades por 2 mil 400 millones de pesos en ese lapso.
En contraste, las tarifas mensuales por el servicio se han incrementado hasta en 400 por ciento, pero sólo la mitad de los usuarios disponen de agua las 24 horas; el resto de la población sólo recibe el vital líquido unas cuatro horas a la semana. Tal es la situación imperante en localidades como Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, además de la ciudad de Puebla. Por añadidura, el servicio de alcantarillado fue incorporado al esquema privatizado, con lo que se presentaron incrementos desmesurados en las tarifas y diversos atropellos a los usuarios.
Es claro que el turbio negocio realizado por el gobierno poblano adolece de irregularidades suficientes para ameritar la revocación inmediata de las concesiones otorgadas y para comenzar una investigación federal orientada a deslindar las responsabilidades en que pudieron incurrir gobernantes y empresarios involucrados. Resulta imperativo, por añadidura, esclarecer el destino de los fondos que debió recibir el erario poblano y procurar su restitución.
En una perspectiva más amplia, los inescrupulosos negocios referidos deben ser vistos como un ejemplo de los atropellos que puede cometer un gobierno estatal carente de mecanismos de control y fiscalización, así como un precedente a tomar en cuenta para cerrar el paso a nuevos proyectos de privatización del agua que no sólo abren el margen para la corrupción y la consecución de ganancias ilegítimas e inmorales a costa de la población, sino que vulneran el derecho humano de acceso al agua.
