La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer el asesinato del periodista Manuel Torres González, cometido el pasado 14 de mayo en Poza Rica, Veracruz.

Instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna en las investigaciones sobre este crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

Asimismo, exhortó a indagar de manera exhaustiva la hipótesis de que el asesinato está asociado con el ejercicio de la libertad de expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con que cuenta el gobierno para identificar, procesar y sancionar a los responsables. También consideró fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

La CIDH se pronunció por que se evalúe de manera urgente si se activan los mecanismos de atracción de las autoridades federales, y estimó esencial que se consolide el de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

También pidió que se fortalezca la coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción y aplicación de las medidas de protección.

Subrayó que el crimen de Torres González se perpetró en uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo en México, y enfatizó que este es el quinto asesinato de un periodista en el año en este país.

Resaltó que el tesis 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

Cuando tales delitos quedan impunes se fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y la autocensura de los comunicadores, alerta el organismo.