Chihuahua, Chih.

Miles de habitantes de pueblos ubicados en la sierra huyeron ante el acoso de las bandas del crimen organizado, por lo que no podrán ejercer su derecho al voto el 5 de junio; incluso hay secciones electorales completas en las que no habrá votantes, denunciaron organizaciones civiles, pobladores y líderes partidistas.

Dirigentes de partidos políticos de oposición en Chihuahua advirtieron a las autoridades sobre el acoso de los grupos criminales y el riesgo que representa para la jornada electoral, sobre todo para la certeza y la seguridad de los ciudadanos a la hora de sufragar, debido que las bandas están coludidas con autoridades policiacas en los municipios.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) no reconoce el problema del desplazamiento de habitantes; sin embargo, existen secciones electorales completas en municipios como Chínipas, Urique, Guazaparez, Guadalupe y Calvo, Moris, Morelos y Guachochi, en las que no hay votantes.

En Chínipas, unas mil familias de los poblados de Milpillas, Las Chinacas, La Lobera, Mesa de la Mula, Tecorahui y de la cabecera municipal fueron forzadas a dejar sus posesiones en los nueve meses recientes ante la presencia de sicarios del grupo Los Salazares, que controla la región.

En Milpillas, en los límites con Sonora, vivían unas mil 800 personas, ahora sólo queda 30 por ciento. Lo mismo pasa en Las Chinacas, de cien viviendas, la mitad está abandonada, en La Lobera y el Huichochi, todas las familias emigraron a Navojoa, Obregón o Hermosillo, Sonora, otros a la capital de Chihuahua.

El fenómeno se repite en Urique y Guazapares, municipios donde grupos criminales asolan los poblados. En El Manzano, comunidad indígena de unas 34 familias, el año pasado sus habitantes enfrentaron a un grupo de sicarios que invadió el pueblo; el tiroteo duró siete horas, pero el acoso constante obligó a la gente a huir.

La historia se va repitiendo en la mayoría de los 22 municipios ubicados en sierra que conforman el llamado Triángulo Dorado, el cual comprende la zona productora de enervantes, donde ahora los grupos criminales presionan a los habitantes para que siembren amapola.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDFUM) tiene documentados 200 casos de desplazados por el acoso de los grupos criminales, informó la directora de la organización, Luz Estela Castro; sin embargo, dijo, esa cifra es mínima.

Son miles los que han salido en los últimos años. La emergencia que se vive en la Sierra Tarahumara merecería que se tomara en consideración, y sólo decir que hubo unas casas quemadas o casos aislados cuando están arrasando poblaciones enteras, refirió la abogada.

El presidente de Morena en el estado, Martín Chaparro, dijo que este instituto político no registró candidatos en la mayoría de esos municipios por la misma situación. A tres de sus brigadistas les impidieron colocar propaganda en el sitio designado por el IEE, a la salida del poblado de Creel.

El dirigente del PAN estatal, José Luévano, también denunció acoso del crimen organizado contra sus abanderados. Adela Varela, candidata a diputada suplente en el distrito 22, renunció por amenazas en el poblado de Balleza, y esta semana, Gladis Chaparro, la titular, con residencia en Guachochi, reportó ante las autoridades actos de hostigamiento.

Para el fiscal estatal, Jorge González Nicolás, las condiciones de inseguridad en la Sierra de Chihuahua no representan un riesgo para las elecciones; incluso el INE no considera esa región como un problema, no está en sus prioridades, salvo en municipios como Urique y Guadalupe y Calvo, donde, señaló, sí se tienen que tomar mayores precauciones.