Diversos organismos internacionales han mostrado que México vive una crisis de derechos humanos, pero lejos de atenderla y resolverla, el gobierno federal mantiene una tendencia de confrontación y desencuentro con los especialistas o relatores que la han acreditado, señaló el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

Lamentó que la respuesta de la administración de Enrique Peña Nieto ante cada informe, reporte o recomendación externo sobre la situación de esas garantías en el país sea una constante negación. De febrero de 2015 a la fecha, México ha tenido desencuentros en esta materia con 13 instancias de la comunidad internacional, las cuales tienen un diagnóstico más o menos similar de lo que pasa en México. Y la respuesta sigue siendo la negación, lo que es un cambio notable de posición.

Álvarez Icaza dictó una conferencia magistral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde detalló que esa posición del Estado mexicano se debe principalmente a dos factores: que los funcionarios consideran que México ha estado sobrexpuesto a escala global, daña la imagen del país, y argumentan que no existe una crisis de derechos humanos, sino que se trata de algunos problemas que son atendidos con diversas acciones. Tal es la negación, enfatizó, que algunos representantes gubernamentales que manejan la idea de que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es desaparición forzada.

Son innegables los avances, como leyes, mecanismos u otros, que en parte son producto de la presión de la sociedad, pero no responden a lo que se espera, advierte.

Sin justicia para las víctimas

Informó que en 2015, la CIDH recibió mil 164 denuncias provenientes de los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, de ellas, 849 (equivalente a 39 por ciento) son de México. Una de cada 10 viene de este país. Eso es muy preocupante, porque las leyes no están brindando justicia a las víctimas.

Además, dijo, México ha recibido en los últimos 15 años gran cantidad de recomendaciones, pero la situación no mejora porque no son atendidas. “El país ha tenido señales desde las CIDH –y de otras instancias– en materia de tortura o desaparición forzada, si se hubieran atendido a tiempo hoy la situación sería otra”.