e todas las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto la educativa es, de lejos, la mejor evaluada por la sociedad mexicana, en virtud de la campaña intensiva que el sector privado y los grandes medios de comunicación organizaron, insistiendo hasta el cansancio en que el objetivo central era elevar significativamente la calidad educativa. Sin embargo, cada día se hace más evidente que lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazada, una norma que no se atreve a decir claramente su finalidad: que los maestros pierdan el derecho adquirido de la estabilidad laboral y que la amenaza de las evaluaciones con base en exámenes estandarizados domestique a los profesores disidentes. En el fondo, la idea clave es que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros.

La nueva norma cambió el régimen de empleo del magisterio, y los traslada a un esquema especial donde el gobierno asume el control unilateral de las relaciones laborales; es decir, deja de lado al sindicato y las condiciones generales de trabajo, anula el principio de bilateralidad y cancela el derecho de inamovilidad de los trabajadores de la educación. La reforma regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, todos ellos asuntos que se trataban bilateralmente hasta antes de la reforma.

Lo que sucederá en México con la reforma es similar a lo que vive Estados Unidos. De acuerdo con el lingüista Noam Chomsky, la educación no consiste en aprobar exámenes; se trata de generar o facilitar la capacidad de pensar, crear, explorar. Pero eso no sucede con este modelo, que entrena a los niños para que pasen pruebas. Eso –dice Chomsky– no es educación; es ser entrenado para la disciplina, el control y la obediencia.

Defender y recuperar los derechos arrebatados es la prioridad del magisterio nacional.