Joaquín El Chapo Guzmán sumó este fin de semana una segunda opinión de un juez federal que avaló la legalidad de su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por seis delitos ligados a casos de narcotráfico y por un caso de homicidio en Texas.

El juez Jesús Díaz Guerrero, titular del juzgado octavo de distrito en procesos penales federales en la Ciudad de México, emitió el pasado viernes su pronunciamiento en favor de la extradición del líder del cártel de Sinaloa.

Díaz Guerrero notificó ayer su decisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por lo que la dependencia cuenta con un plazo de 20 días hábiles, establecidos por la Ley de Extradición Internacional, para analizar la solicitud formulada por el gobierno estadunidense.

A través de un comunicado, la cancillería detalló que el juzgador consideró que es procedente la extradición a Estados Unidos de Guzmán Loera para que sea procesado ante la corte federal para el distrito oeste de Texas por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.

La SRE enfatizó que el gobierno mexicano no analizará la culpabilidad o inocencia del reclamado en los delitos que le son imputados en otro país, sino que únicamente verificará que se cumplan los requisitos del tratado bilateral aplicable para la procedencia de la petición, de conformidad con nuestro marco jurídico constitucional, con respeto a los derechos humanos y en seguimiento a los principios de política exterior.

En caso de que la cancillería declare que procede la extradición de Guzmán Loera por los dos expedientes que estudiará, los abogados del líder del cártel de Sinaloa están en posibilidad de solicitar amparos ante el Poder Judicial de la Federación y de llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que podría retrasar varios meses el envío del capo.

Apenas el pasado 6 de mayo otro juzgado, el tercero de distrito, emitió la primera opinión jurídica favorable a la extradición de Guzmán Loera, por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla.

Este caso se encuentra radicado desde 1996 en la corte federal del distrito sur de California, en San Diego, y para la cancillería ya está corriendo el plazo de 20 días hacia la dictaminación de si acuerda o niega la entrega del narcotraficante.

Por lo que respecta a la segunda opinión jurídica, emitida por el juzgado octavo, corresponde a una orden de captura librada por la corte federal del distrito oeste de Texas, en El Paso, por los cargos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, posesión e importación de cocaína, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.

Según el abogado José Refugio Rodríguez Núñez, defensor de El Chapo Guzmán, en el procedimiento de extradición, el juez Díaz Guerrero rechazó admitir como prueba un informe donde Estados Unidos debiera especificar cuáles eran las atribuciones que tiene el fiscal auxiliar que requiere a su cliente en extradición.

Esta fue la única prueba que ofrecimos en el juicio, pero no fue aceptada por el juez y nosotros, cuando exista ya pronunciamiento de la cancillería, haremos valer esta violación de garantías en un amparo, refirió el litigante.

Agregó que en el procedimiento de referencia, las excepciones que opusieron en nombre de Guzmán Loera fueron que la solicitud de Estados Unidos no reunía los requisitos legales y que las pruebas presentadas para extraditarlo resultaban insuficientes.