urelio Nuño Mayer (pero no sólo él) se ha impuesto la trampa de la cerrazón. Cual escolapio berrinchudo, anunció en días pasados que quienes lo acusan de cumplir defectuosamente sus obligaciones institucionales no serían atendidos en Los Pinos ni en Bucareli. Ayer, en cumplimiento de esa consigna, fueron desdeñadas tanto las manifestaciones de inconformidad de profesores que se oponen a la reforma educativa como la demanda de diálogo y resoluciones por parte de miembros de la comunidad del Politécnico Nacional. Doble ración de sopa a quienes dicen que no les gusta.

No corresponde a un talante mínimamente democrático, aunque sólo lo fuera para efectos propagandísticos, el cancelar las ventanillas de atención pública a aquellos que consideran que sus intereses legítimos no son satisfechos por determinadas autoridades. La Secretaría de Gobernación ha sido por antonomasia la instancia adecuada para solicitar que los desajustes y exabruptos de otras partes de la maquinaria oficial sean atendidos y corregidos. Tanto que en esta misma administración peñista, y durante largo tiempo, los asuntos de los profesores contrarios a la mencionada reforma educativa fueron recibidos en Bucareli, sobre todo por el subsecretario paisano y compadre, Luis Miranda, con hilo directo con Los Pinos, y en otras ocasiones por el hidalguense Osorio Chong, mientras el desplazado Emilio Chuayffet se dedicaba a esperar en sus oficinas los resultados de las negociaciones en que ni siquiera participaba.

Un ejemplo de vistosidad inimaginable lo ofreció el mismo Osorio Chong el 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de que en Iguala hubo jóvenes heridos y asesinados y 43 normalistas fueron desaparecidos. Nunca se había visto tal disposición al diálogo, tal ansiedad por resolver problemas a los muchachos como aquella tarde en que el secretario de Gobernación decidió salir en mangas de camisa a escuchar el pliego petitorio de los politécnicos. Reconocemos formalmente su movimiento, conocemos las causas por las que están aquí presentes, sabemos de sus inconformidades y queremos atenderlas de inmediato, dijo entonces el diligente secretario, muy comprensivo ante las desgracias que causa el tapiar las puertas al diálogo pues, añadió, lamento que en algún proceso no hayan sido escuchados. El caso es que llegaron hasta aquí y queremos solucionarlo (citas tomadas de la nota de Emir Olivares y Fabiola Martínez en La Jornada, http://goo.gl/S5PsBc). Cual Fox reencarnado, el ex gobernador de Hidalgo ofreció resolver en 30 minutos las exigencias más relevantes. Insólitas estampas cuando aún no se conocía a plenitud ni con amplitud lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa, aunque obligadamente en Bucareli ya se sabía el tamaño de la desgracia.

Ahora la administración peñista está dedicada a cerrar puertas. Se ha agilizado la emisión de sentencias a conveniencia de los poderes en casos emblemáticos (los 43 desaparecidos de Iguala, la guardería ABC y las ejecuciones de Tlatlaya), en un esfuerzo grotesco por presentar la estantería limpia, aunque al mismo tiempo se cumplen requisitos resolutivos en el ámbito nacional que facultan a llevar esos casos a instancias internacionales. Otro ejemplo de esa impudicia política y judicial en curso se ha dado respecto a Ficrea, la sociedad financiera popular que a estas alturas ha dejado sin sus inversiones (unos 5 mil 500 millones de pesos) a alrededor de 4 mil personas, que creyeron tener a salvo sus ahorros (el número de inversionistas y el monto de lo acumulado hasta antes de la crisis eran mayores; una parte de lo depositado ha sido devuelto a algunos de los partícipes). Rafael Olvera Amezcua, el principal accionista de Ficrea, ha recibido el amparo de la justicia federal para no ser aprehendido o presentado ante alguna autoridad pues, según consideró el juez correspondiente, hubo un definitorio error del agente del Ministerio Público a la hora de tipificar el delito a castigar.

Cerrar puertas, confinar las protestas al espacio del mismo funcionario contra el que se protesta y adoptar ya como política oficial la del Puño-Nuño, es una equivocación que puede resultar contraproducente para el régimen. Cerrar expedientes y pretender el sometimiento de las protestas populares a verdades judiciales es también una forma de simulación que puede agravar la irritación de algunos segmentos sociales.

Astillas

Al criminalizar el proceso electoral tamaulipeco, el PRI dirigido por Manlio Fabio Beltrones tendrá a la mano la carta de la anulación de los resultados si le son adversos. A pesar de que no constituyen ejemplos contrarios a los graves vicios que dicen combatir, varios candidatos están capitalizando la emotividad adversa al partido de tres colores. Es el caso de los panistas Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, José Rosas Aispuro en Durango y Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, los cuales probablemente no aprobarían un examen de limpieza política (en el caso de Yunes, la calificación sería absolutamente reprobatoria), pero que hoy significan popularmente una opción revanchista de botepronto contra los excesos del priísmo. Por lo pronto, en la entidad largamente dominada por cárteles, sumida en violencia e impunidad, con un gobernador de utilería, Egidio Torre, el mismo fantasma tripulado del narcotráfico se erige como treta o coartada ante desenlaces electorales que afecten o trastoquen los entendimientos hasta ahora dominantes.. Y, mientras Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, ha dicho a The Guardian que el dinero compra todo en México, que la más reciente fuga de El Chapo tuvo que ser arreglada a los más altos niveles de gobierno, a nivel de gabinete, y que siempre se inventarán nuevas drogas, aunque se legalice el consumo de la mariguana, ¡hasta mañana, con el Instituto Nacional Electoral aferrado al sonsonete de que no hay focos rojos en estados donde se realizarán comicios!

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