Los integrantes del comisariado de bienes comunales (CBC) del poblado de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción –que desde 2009 fungen como representantes de los 882 comuneros de ambos poblados, ubicados en el municipio de Lerma, estado de México– han recibido entre diciembre de ese año y marzo pasado, por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria, al menos 100 millones de pesos de parte de autoridades mexiquenses.

En realidad, los recursos entregados al comisariado fueron proporcionados por la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa –uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto–, la cual obtuvo en 2007 la concesión del gobierno mexiquese para encargarse de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen una minoría de los 882 comuneros y la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados afectados.

Los pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están cooptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.

De su lado, los abogados de la empresa Autovan intentan demostrar al Poder Judicial Federal que han cumplido a cabalidad con las normas del derecho agrario, por lo que ya entregaron al juzgado quinto de distrito del estado de México copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.

Entre los documentos privados aportados por la compañía destacan cinco convenios que avalan en total el pago de 56 millones de pesos y que fueron firmados por el CBC a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de esa carretera, que afectará 37 hectáreas pertenecientes a esas comunidades, cuyos terrenos fueron expropiados el año pasado.

La Jornada cuenta con copia de los cinco convenios firmados por los integrantes del comisariado, así como de otras documentales bancarias que demuestran la existencia de un fideicomiso por 54.2 millones de pesos, además de transferencias bancarias y cheques por otros tantos millones que administra el comisariado.

Buena parte de los 15 mil pobladores indígenas de la región afectada por la construcción de la autopista –representados por organismos no gubernamentales– han conseguido suspensiones en vía de amparo.

Esos recursos legales han retrasado durante más de ocho años la consumación del proyecto que se concesionó en 2007 al propietario de Higa, grupo constructor de la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, edificada al gusto de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto.

Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del comisariado están cooptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.

Fuentes jurídicas cercanas al gobierno mexiquense –que pidieron no mencionar su nombre– informaron a este diario que los pagos los ha realizado la empresa ‘‘de buena fe’’. Añadieron que los comuneros que sí están en favor de la autopista siguen solicitando dinero a la empresa, supuestamente para calmar las inconformidades de quienes aún se oponen.

De su lado, José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien junto con otros organismos no guberamentales asesora legalmente a los comuneros e indígenas otomíes inconformes con la construcción de la autopista, reconoció que los integrantes del CBC y buena parte de los 882 comuneros recibieron dinero del gobierno mexiquense y de Autovan.

‘‘Los comuneros y pobladores están divididos, eso es real, hay que decirlo textualmente. (Sin embargo), la mayoría de los que están en favor de la autopista efectivamente es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del estado de México y por parte de la empresa’’, dijo Lara Duque.

Según el representante de los comuneros inconformes, la controversia de fondo no es por temas de derecho agrario, sino de derechos indígenas tutelados por el artículo 2 de la Constitución y por diversos tratados internacionales.

‘‘Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15 mil personas; por tanto, nuestro argumento es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante las leyes agrarias, existen unos 15 mil otomíes tutelados por el derecho indígena a quienes se les violarán sus derechos humanos individuales y colectivos si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones. Eso está a debate en los tribunales’’, dijo Lara.