El modelo de un Instituto Nacional Electoral (INE) y 32 organismos públicos locales electorales (Oples) demostró al cabo de casi dos años que es fallido, coincidieron PRI, PAN y Morena.

La atracción del proceso electoral en Durango y la reciente destitución de los siete consejeros de Chiapas suscitó que la oposición hiciera un balance negativo de este modelo híbrido.

Incluso llevó al PAN a hacer una especie de mea culpa por haber aceptado en el Pacto por México el modelo impuesto por el PRI en las negociaciones de la reforma político-electoral de 2014.

El perredista Pablo Gómez se preguntó ¿qué debe de seguir pasando en este país para que admitan todos unánimemente que fue mala idea mantener los Oples, una estructura nacional con órganos de los estados.

Era mejor dejar las cosas como estaban antes y no hacer a este respecto ninguna reforma, como yo se los dije. Perdón que individualice el asunto, pero así fue en las discusiones donde se estaba tomando la decisión; sin embargo, era mejor, mucho mejor.

Consideró que esta situación no es administrable, y los Oples se convirtieron en la reforma en estorbos del sistema electoral.

Recordó que desde el 30 de septiembre de 2014, que se empezaron a nombrar los primeros 18 Oples, ha habido 44 solicitudes de remoción de uno o varios consejeros, 28 se han desestimado y 16 están pendientes.

En la sesión del Consejo General efectuada la noche del viernes, Pablo Gómez se manifestó por desaparecer no sólo los Oples, sino los tribunales locales electorales, porque además de ser un estorbo, hay una injerencia de los gobiernos estatales y retrasan la resolución de los recursos.

Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, explicó que en la discusión sobre la remoción de directivos en el Ople de Durango y su sustitución por personal del INE, está la conveniencia de mantener a esos organismos.

Yo, en lo personal, creo que no se justifican, afirmó, y recordó que en la pasada legislatura su partido propuso que éstos desaparecieran; sin embargo, en un mea culpa, señaló: finalmente salió la reforma político-electoral en 2014, la que se pudo construir en consenso con todos los partidos políticos que integran el Poder Legislativo federal.

Lo ocurrido en varias estados, indicó el representante de Morena, Jaime Castañeda, es sólo una confirmación del problema del modelo.

Puso de ejemplo del fracaso de este modelo los errores cometidos por la consejera presidenta en Colima, el fraude cibernético cometido en Chiapas y la ingobernabilidad en Durango.

Le reviró a Pablo Gómez, cuyo partido signó el Pacto por México, que no es un asunto de personas, como se puede observar, sino de la forma en la que el Pacto por México estableció este modelo y las consecuencias, ya luego hay quien dice que se opuso, pero es que ahí está.