El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que la resolución judicial de liberar a los últimos tres de ocho militares involucrados en la muerte de 22 personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, es una muestra más de que el camino optado por el gobierno es la impunidad.

Aparte, Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, envió a la Afp un breve correo electrónico en el que afirma ante la evidencia bien documentada de que soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de (los 43 estudiantes desaparecidos de) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales.

Araceli Olivos Portugal, coordinadora del área de defensa del centro Prodh, señaló que la resolución puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, pero corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asesorarlas.

En entrevista, manifestó que el caso puso a prueba las reformas al Código de Justicia Militar y demostró que no están a la altura de la grave crisis por la que atraviesa el país.

Y también es, sin duda, una señal de la poca fortaleza que tienen las acusaciones de la Procuraduría General de la República que, como representante de la sociedad en uno de los casos más graves, debió hacer uso de su aparato técnico y jurídico más potente para evitar que una resolución de este tipo fuera emitida en el contexto que vivimos.

Añadió: Siempre hemos advertido que México es un país donde se ningunean los controles civiles sobre las fuerzas armadas; en el que los abusos militares no son castigados y esta es una prueba contundente de ello.

Lamentó que Clara Gómez, testigo principal de las ejecuciones ocurridas en el municipio mexiquense, no tenga la oportunidad de defenderse frente a esta ignominia, que marca con mucha claridad la exoneración de las fuerzas armadas por abusos cometidos contra civiles, al no tener acceso a su expediente.

El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre dijo que la sentencia absolutoria “es sumamente grave, porque consolida la impunidad en uno de los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos de militares en la historia reciente de México".