ace algunos años, Paco Ignacio Taibo II afirmaba que en México era muy difícil que surgiera y se desarrollara la novela policiaca. La razón era muy simple, en México se trata de encontrar un culpable, no el culpable.

Como quiera, él mismo le hizo la lucha y pudo darle forma a las novelas donde aparece el detective Belascoarán, un personaje duro, con antecedentes como policía judicial, que pasa a convertirse en detective privado. Otro caso, que confirma la regla, es el del novelista sinaloense Elmer Mendoza, que crea al detective Edgar Mendieta, El Zurdo. Ambos detectives se mueven entre los vericuetos de legalidad y métodos particulares.

Un buen ejemplo de esta dinámica incriminatoria es el documental Presunto culpable, que narra las peripecias que sufrió José Antonio Zúñiga acusado de homicidio y entrampado en la kafkiana maquinaria jurídica y policial. Los directores Roberto Hernández y Geoffrey Smith logran poner al descubierto los modos y maneras en que el Ministerio Público hace su chamba, la curiosa forma de operar de los jueces y cómo un abogado, sin título, puede ser defensor público.

En México la verdad histórica es clara y distinta: nunca se resuelven los casos de magnicidios y crímenes de lesa humanidad. Un repaso a la historia reciente nos deja muy mal sabor de boca. Los procesos se convierten en un embrollo, nunca se sabe realmente qué pasó y, al final, siempre queda una duda en la opinión pública y una verdad oficial.

En el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (24 de mayo de 1993) nadie acepta que quedó en medio de fuego cruzado, por la sencilla razón de que fue masacrado con 14 balas. En las explicaciones oficiales, el famoso Nintendo del procurador Jorge Carpizo, se culpa al cártel de los Arellano Félix de haberlo confundido con El Chapo Guzmán. Pero nunca pudo explicar por qué un grupo de personas con armas largas pudo tomar un avión de Aeroméxico y llegar a Tijuana, tres horas más tarde, sin que nadie los hubiera detenido. Luego, el cardenal Sandoval Iñiguez culpó al procurador de ocultar pruebas y de que se trataba de un complot o un crimen de Estado. Todo quedó embrollado, embarrado.

Otro caso sonado fue el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Todos sabemos que Mario Aburto Martínez le disparó en la cabeza, pero nadie vio quién le disparó en el estómago, el asesino lo niega. Y lo peor de todo, nunca se encontraron las balas para confirmar o desmentir la teoría del asesino solitario o el complot. Después de meses de investigación, varios fiscales especiales, múltiples versiones y líneas de investigación, nadie quedó satisfecho con la conclusión oficial, de que el asesino y autor intelectual fue únicamente Aburto.

Otro caso similar es el de José Francisco Ruiz Massieu. Las pesquisas fueron tan inverosímiles que se llegó a confiar en la versión de La Paca, una vidente. El asesino y otros involucrados fueron arrestados, pero el autor intelectual, cuñado del finado y hermano del presidente Salinas, acusado del asesinato y de enriquecimiento ilícito, salió libre en 2013 después de 10 años de cárcel. Lo dejaron suelto y le regresaron sus millones.

Luego, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, en abril de 1997, se perpetró la matanza de Acteal, con el resultado de 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. La investigación y el juicio fue un circo y el proceso estuvo lleno de irregularidades, como se comprobó años después, y los acusados salieron libres por evidentes fallas de procedimiento. Zedillo, acusado de crímenes de lesa humanidad, fue absuelto. Nadie quedó satisfecho con el proceso y el encarcelamiento de los indígenas, tampoco con su posterior liberación.

En octubre de 2010, durante el gobierno de Calderón, se descubre el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Después de meses de investigación son arrestados los autores materiales. Nadie se explica por qué tanta saña y maldad. Al año siguiente se descubre una fosa con 177 cadáveres, al parecer de migrantes. En este caso las pistas son claras, todo se hizo con anuencia y complicidad de la policía municipal y el narco. Un modus operandi que se sigue aplicando de manera preocupante y reiterada. La investigación, el trato a los familiares de las víctimas y la devolución de cadáveres ha sido algo vergonzoso.

Es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde la policía municipal y otras tantas están involucradas; hay más de cien detenidos y no se sabe dónde están los cuerpos. La verdad histórica nadie la cree. Comisiones van y vienen, al igual que procuradores. Todo está enredado, no hay explicaciones contundentes ni pruebas fehacientes. Los peritos se contradicen y ahora sale a relucir un supuesto tercero que hizo desaparecer la mitad del grupo. Lo peor de todo es que ahora aparece una nueva víctima: el Estado mexicano, que ha sido agraviado por la comisión de investigadores y por los defensores de los derechos humanos. Para rematar, ahora se quiere acusar a algunos de los padres de familia de tener ligas con Guerreros Unidos.

La capacidad para confabular, confundir, sembrar pruebas, romper protocolos, acusar a peritos y sabotear acuerdos es una constante. Entre la confusión, las múltiples líneas de investigación abiertas, las comisiones, fiscales especiales y la politización de los hechos, reina la impunidad.

Se vuelven a repetir los casos de desa-pariciones forzadas en Veracruz (Tierra Blanca y Papantla) la policía municipal sigue implicada y los casos no se resuelven, no se encuentran los cadáveres y no hay móvil. ¿Por qué matar a unos jóvenes que regresaban de la playa?, ¿por qué los entrega la policía al narco? Muertes inexplicables, desapariciones forzadas no explicadas, ni investigadas, de más de 22 mil personas desaparecidas.

Esa es la verdad histórica. En México los crímenes son perfectos (no hay móvil, arma y cadáver) y se han convertido en seriales.