Buenos Aires.

El diputado y ex ministro de Economía argentino Axel Kicillof calificó ayer de disparate su procesamiento y el de la ex presidenta Cristina Fernández por la causa del dólar a futuro. Afirmó que se trata de una persecución judicial.

El juez federal Claudio Bonadío les abrió un proceso por administración fraudulenta en el contexto de una investigación sobre operaciones con dólar a futuro del banco central que causaron pérdidas millonarias al Estado argentino, por vender dicha moneda a 10 pesos, que pocos meses después, con el gobierno del entrante presidente Mauricio Macri, valían 15.

Se está ocultando que ahí estaban comprando dólares a futuro los que llegaron al gobierno y más tarde realizaron una devaluación enorme con la que se enriquecieron, se quedaron con la plata, explicó Kicillof. Argumentó que en realidad se está juzgando una política económica adoptada por el gobierno.

Mirando este procesamiento y lo que ocurre en Brasil, diría que no estamos en un estado de derecho, aseveró. Comparó partes del caso judicial de persecución política con el impeachment que tiene lugar en el país vecino.

El ex ministro acusó a Bonadío de realizar una persecución judicial y afirmó que apelará del fallo en los días próximos, ya que hay que contestar esta aberración jurídica.

Al respecto, Mauricio Macri abogó este sábado por dejar atrás los hechos de corrupción que difunden los medios de comunicación de su país.

En otro tema, el gobierno argentino logró frenar el primer intento de la oposición para aprobar la Ley Antidespidos, norma que se convirtió en el reto de Macri ante el Congreso y cuyo debate continuará en los días siguientes.

La iniciativa fue aprobada en el Senado, por lo que sólo falta su ratificación en la Cámara de Diputados, pero la sesión, impulsada por el opositor Frente para la Victoria, no se llevó a cabo el jueves, porque fue boicoteada por el macrismo y su principal aliado: el ex candidato presidencial Sergio Massa.

El fracaso del kirchnerismo no representó una victoria total para el macrismo, ya que la semana entrante tendrá que seguir presionando para evitar que la ley se discuta y apruebe.

Si ello ocurre Macri ya advirtió que vetará la legislación, facultad que puede ejercer de acuerdo con la Constitución, pero que acarreará problemas en su imagen pública a un gobierno que suele presumir que, a diferencia del kirchnerismo, sí dialoga y busca consensos.