Río de Janeiro.

Alrededor del mediodía de ayer Brasil fue sacudido por la noticia de que Waldir Maranhao, presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, había anulado la sesión del domingo 17 de abril en la cual se decidió, por abrumadora mayoría de 367 votos a favor, abrir un juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff, con lo cual el proceso fue enviado al Senado.

Hubo una gritería entre los diputados y senadores que apoyan el golpe institucional contra la mandataria; celebración entre los partidarios de Rousseff y sorpresa generalizada en el país.

Waldir Maranhao ocupa el puesto que hasta el pasado jueves ocupaba Eduardo Cunha, el más feroz enemigo de la presidenta. Una decisión unánime del pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) determinó la separación de Cunha de la presidencia de la cámara baja y de cualquier actividad parlamentaria.

Las razones de la medida extrema (e inédita) adoptada por los integrantes del STF fueron básicamente abuso de poder, desvío de funciones y falta de condiciones éticas y morales para seguir legislando.

Con el argumento de la existencia de vicios de procedimiento entre los diputados, Maranhão acató el pedido de José Cardozo, abogado general de la nación, y defensor de Dilma Rousseff en el juicio que se desarrolla en el Congreso.

La primera repercusión concreta fue una oscilación desenfrenada en el mercado financiero.

Renan Calheiros, presidente del Senado y del Congreso, se reunió en su residencia oficial con dirigentes de partidos políticos. En un primer momento admitió que la decisión del presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados debía ser respetada. Rápidamente fue convencido por su partido, el PMDB (que de aliado pasó a principal traidor del gobierno), de que sufriría presiones y perdería apoyo político.

Dilma Rousseff, al recibir la noticia, pidió cautela a sus partidarios y prudencia a sus aliados en el Congreso.

Michel Temer, vicepresidente (del PMDB), quien se prepara intensamente para remplazar a la presidenta, dijo que la medida de Maranhao era irresponsable y que seguramente sería ignorada por el Senado. Impávido continuó armando su nuevo gobierno: anunció que los 32 ministerios serán reducidos a lo sumo a 22. Con eso aumentó la insatisfacción de los pequeños y medianos partidos que conforman una cámara baja absolutamente fragmentada, y que negociaban apoyo a su drástico plan económico a cambio de puestos, cargos y beneficios de todo calibre. Al mismo tiempo agradó al empresariado, al mercado financiero y al sector rural, que respaldan con determinación el golpe institucional contra Rousseff.

Poco después de las 7 de la noche, Renan Calheiros, el presidente del Senado, anunció, con pompa y circunstancia, que ignorará la decisión de su homólogo en la Cámara de Diputados. Y confirmó que mañana se votará el informe del relator de la comisión especial de senadores, que determina la apertura formal del juicio contra Rousseff, que será apartada de la presidencia mientras el proceso trascurra en el Senado.

Resumiendo: el país sigue con dos presidentes. Una, Dilma Rousseff, permanece en su puesto, pero no tiene condición alguna para gobernar. El otro se llama Michel Temer, pero tampoco gobierna: primero, es necesario que al menos 42 senadores determinen la suspensión del mandato alcanzado por decisión de 54 millones 500 mil electores que eligieron a Rousseff.

Ayer por la noche Renan Calheiros confirmó que mañana habrá sesiones del pleno a partir de las 9 horas (local), y que espera concluir la votación en 12 horas. O sea, a las 9 de la noche, según su previsión, se habrá decidido alejar a la primera mujer que alcanzó la presidencia brasileña, y contra la cual no se comprobó ninguno de los motivos determinados por la Constitución para que un presidente electo por voto popular pierda el mandato.

Sondeos de la prensa muestran que al menos 50 de los 81 senadores votarán por la apertura de un juicio político que se extenderá hasta 180 días, periodo en el cual el país sería gobernado por Michel Temer, quien, a propósito, ya dejó filtrar a la prensa que promoverá drásticas reformas en materia de legislación laboral, en el sistema de jubilaciones y pensiones, en las reglas para demarcar tierras indígenas, en los programas sociales creados por el PT en sus 13 años de gobierno, entre otras iniciativas radicalmente contrarias a las políticas en curso.

Waldir Maranhão anunció que recurrirá al STF para que su determinación sea acatada. Los partidos de oposición anunciaron que recurrirán al Supremo Tribunal Federal para que la decisión del presidente interino de la Cámara de Diputados sea anulada. El abogado general de la nación, José Cardozo, anunció que presentará una petición urgente al STF para que el juicio en el Senado sea suspendido, mientras el pleno de la Cámara de Diputados delibera sobre la medida del presidente interino.

Es decir, mucho trabajo y poquísimo tiempo tendrán los integrantes de la instancia máxima de la justicia brasileña para decir quién tiene la razón.