La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de terminar con la criminalización del consumo de la mariguana, al permitir que se porten 28 gramos en lugar de cinco para consumo personal y uso terapéutico, es publicitaria, no va al fondo del asunto, que es la producción, la comercialización y la violencia que ello ha generado en el país, señalaron dirigentes de diversas organizaciones campesinas.

Al destacar que los campesinos no pretenden abandonar la producción de alimentos y dedicarse al cultivo del enervante, los dirigentes de El Barzón, Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Movimiento Social por la Tierra (MST), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), indicaron que la propuesta es insuficiente, pues dejó fuera producción, transporte, regulación comercial y administración.

Al respecto, el subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Armando Narváez Narváez, apuntó que el tema está en el Senado, hay que esperar su aprobación y, en su momento, la dependencia tomará la decisión que le competa. No hay que generar ningún tipo de expectativa o especulación, es importante esperar a que se establezcan los procedimientos y las restricciones para generar información institucional.

Puntualizó que la iniciativa presidencial tiene un enfoque científico y medicinal, es así como se debe tomar. Hay que ser muy cuidadosos para no generar ningún planteamiento equivocado o supuestos, agregó.

No es siquiera una aspirina para un cáncer, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón. Es una propuesta referida sólo a dos asuntos: liberar a la gente detenida por llevar cantidades inferiores a 28 gramos para consumo personal y para la producción de medicamentos. Sembró más dudas que certezas. Mientras en el campo haya hambre, miseria, venta de tierras, y en las altas esferas del gobierno persista la corrupción y la impunidad, el problema de la violencia por las drogas continuará.

Francisco Chew, del MST, puntualizó que no hay interés de los campesinos en volverse productores de droga, pero el tema ya dejó de ser tabú y debe ser discutido ampliamente por la sociedad, incluyendo el sector rural. Álvaro López Ríos, de la UNTA, comentó que la iniciativa presidencial no tendrá efectos positivos para evitar el tráfico ilegal. El Poder Legislativo está obligado a revisar la propuesta de Peña Nieto y darle una perspectiva más profunda.

Francisco Jiménez Pablo, del Ficam, comentó que la iniciativa no va dirigida a frenar la violencia; es un negocio para las farmacéuticas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es un asunto que hay que discutir con mayor profundidad y definir los procesos preventivos y educativos; en ello debe participar la sociedad rural.

Es una propuesta, un cambio de fachada de discurso; se quiere dar la cara de una sociedad avanzada y de primer mundo; el asunto de la producción sigue en la ilegalidad, señaló José Narro Céspedes, de la CNPA. A su vez, Marco Antonio Ortiz, de la Coduc, sostuvo que no ayuda a resolver los problemas socioeconómicos.