nquietantes, por decir lo menos, son las declaraciones de Patricia Navarro Moncada –funcionaria del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas–, según las cuales los capacitadores de ese organismo en las ciudades fronterizas del estado han suspedido temporalmente sus visitas a los ciudadanos designados como funcionarios de casilla para las elecciones del próximo 5 de junio. Pese a que las razones de la medida fueron formuladas en términos imprecisos (son retirados como una medida preventiva, fue la vaga explicación), la misma parece inscribirse en la atmósfera de violencia que ha permeado la entidad norteña a un punto que lleva a preguntarse si los aparatos estatales local y federal han desistido de una de sus funciones principales, consistente en garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La erosión del tejido social de Tamaulipas –cuyo proceso de deterioro comenzó a intensificarse allá por 2009, cuando los índices delictivos entraron en una espiral alcista que a la fecha no se detiene– evidencia, en el hecho más anunciado que denunciado por Navarro, una nueva manifestación que ahora conspira contra el normal desarrollo de los comicios de junio.

La incompleta o deficiente formación de funcionarios de casilla constituye un problema en sí mismo, en tanto no garantiza una jornada electoral técnicamente pulcra, lo que puede dar lugar a dudas, impugnaciones y sospechas capaces de desvirtuar los comicios y que en todo caso no contribuirán a aligerar las tensiones propias de toda contienda política.

Pero lo más preocupante es que la suspensión de actividades de los capacitadores del INE indica que la autoridad electoral admite de manera tácita que el ambiente de inseguridad prevaleciente en Tamaulipas es tal que ni siquiera permite que el mayor ejercicio cívico se desarrolle con la normalidad deseable. En efecto, si los propios capacitadores del organismo comicial tienen que interrumpir sus laborespreventivamente, nada garantiza que los inconvenientes de los cuales se previenen no alcancen a todos los actores del proceso, candidatos y votantes incluidos. Y cuando de lo que se trata es de favorecer la realización de elecciones lo más transparentes y tersas posible, el hecho de que en el lugar donde se llevarán a cabo floten latentes amenazas no resulta precisamente auspicioso.

No hace falta hilar muy fino para concluir que se trata de amenazas: las aclaraciones de Patricia Navarro en el sentido de que los hechos de violencia (cometidos en el estado) son ajenos al trabajo de campo que realizan los capacitadores inducen a pensar justamente lo contrario, porque de otro modo no se explica de qué se está previniendo a éstos, retirándolos provisionalmente de su ámbito de trabajo.

En función de la seguridad de los capacitadores, el retiro se antoja una medida prudente; en función de unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, en cambio, representa un síntoma francamente alarmante.